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viernes, 16 de enero de 2015

Responsabilidad, naturalmente.

Responsabilidad, naturalmente.
La evolución de la humanidad se ha construido sobre la base de la conquista de una serie de derechos. La misma concepción de democracia encuentra en la posibilidad de tener una voz, nuestra voz,  uno de sus preceptos fundamentales. Es así que esta se fue imponiendo sobre otros regímenes de naturaleza tiránica, diseñando a su vez un sistema de derechos que asista a las personas. En ese conjunto, un pilar es el de la libertad de expresión, es decir, la facultad de poder decir lo que pensamos sin tener una sanción a cambio. Es un derecho del cual debemos gozar todos, así se trate de funcionarios, los cuáles, sean elegidos o empleados, de confianza o seleccionados, pueden y deben manifestar lo que piensan sin ningún temor. El hecho de trabajar en la administración pública no los exime de opinar. Las normas constitucionales y la Declaración Universal de los Derechos Humanos los ampara. Sin embargo, gozando de esa libertad se debe entender que también se tienen deberes, el  principal, el que tiene que ver con que el ejercicio de un derecho no puede pulverizar otros. Decir lo que pensamos no debe significar atropellar la honra, liquidar la imagen, traficar con el honor, exhibir la intimidad o calumniar a las personas. Las leyes que desarrollan la Constitución ya sancionan este tipo de conductas.
Por otro lado, las redes sociales se han convertido en un formidable vehículo de transmisión de ideas y, sobre todo, de construcción de opinión. En ese aspecto han revolucionado el debate público convirtiéndose en la herramienta favorita de políticos y funcionarios. Twitter y Facebook han sido desenfundados en más de una ocasión para generar protestas e indignación en el mundo. Los esquemas clásicos de poder se han visto confrontados con la potencia efectiva de las masas que se aglutinan como resultante del mensaje virtual.
En vista de ello se tiene que ser especialmente responsable con el uso que se le da a la red social, partiendo de una base moral, personal, de conciencia y no normativa. Las regulaciones a la forma como se utiliza la red destruirían una de las columnas fundamentales del espacio virtual: la libertad. Los usuarios, más aún si son funcionarios, tienen que entender lo que ya Max Weber señalaba: en la administración pública predomina la ética de los resultados, es decir la que mide nuestros actos sobre la base de la consecuencia de nuestras acciones. Y eso tiene un nombre: responsabilidad.
José María Carrascal, el gran periodista español, detalla el asombro que le causó la definición de un profesor alemán sobre la democracia. Con una germana capacidad de síntesis, que envidiaría el mismo Borges, Herr Professor  dijo: “¿Demokratie? Responsabilitet, natürlich!” (¿Democracia? Responsabilidad, ¡naturalmente!). Y es ella, la responsabilidad en el desarrollo de nuestras acciones lo único que debe regular el comportamiento de un funcionario.
El hecho que un par de ministros se hayan excedido y hayan sido consentidos en sus ímpetus agresivos, no debe servir de pretexto para quitarle calidad a nuestra endeble democracia imponiendo regulaciones de carácter ético o normativo a acciones que son propias de personas que actúan con inmadurez. Las tiranías requieren de normatividad, las democracias de aprendizaje. Empecemos a aprender, con responsabilidad y tolerancia.

Juan Sheput