Son muchos los autores que, con palabras más, palabras menos, han colocado en boca de sus personajes frases de indiferencia ante la presencia de mentiras miserables. Es por ello, por la ausencia de debate frontal o desenmascaramiento, que la mentira triunfa, se impone, siendo mayor el daño cuanto más miserable sea.
Este preámbulo viene a colación recordando el trato mediático al Caso Berenson. En él, voceros del gobierno y el propio presidente García, empezaron a señalar a la opinión pública que la libertad de la terrorista, por cumplir su condena (¡vaya delito!) era culpa de Alejandro Toledo. Es decir, se culpaba al ex presidente por hacer cumplir la ley. Días después se supo que si Lori Berenson salió en libertad, fue por decisión política del presidente García, cosa que evidentemente fue silenciado por buena parte de los medios de comunicación, que hoy también son un factor de vergüenza en el país.
Una de las personas que se puso del lado de los desconocedores de derechos humanos y del uso político de una sentencia supranacional, fue el propio Ministro de Justicia, Dr. Víctor García Toma. Realmente me pareció penoso que una persona que llegó con buenos auspicios al Ministerio se convierta en un pequeño funcionario, sin grandeza ética, que prefiera el fajín coyuntural que la verdad, la cual, por definición, es permanente.
El día de hoy, gracias a mi amigo el Dr. Pedro Cateriano, me llega a mi cuenta de Facebook un enlace con un magnífico artículo del Dr. Juan Monroy Gálvez, Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el Caso Berenson, publicado en El Comercio y que lleva por título Los devoradores de esperanza. En él, con precisión didáctica, menciona que gracias a los errores y abusos de la dupla corrupta y asesina, conformada por Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, podrían haber salido, por juzgamientos indebidos, hasta 500 terroristas, cosa que no sucedió por el buen criterio de la Corte. Sin embargo por las condiciones carcelarias de algunas prisiones como la de Yanamayo, que el jurista iguala en vergonzosas para el Perú así como Abu Dabi o Guantánamo escandalizan a Estados Unidos, el Estado Peruano fue sancionado con US$ 30,000 dólares, no por concepto de indemnización, como repiten despistados periodistas y políticos afanosos de la declaración, sino por los gastos incurridos en la demanda ante la Corte, por parte de la familia Berenson.
Este preámbulo viene a colación recordando el trato mediático al Caso Berenson. En él, voceros del gobierno y el propio presidente García, empezaron a señalar a la opinión pública que la libertad de la terrorista, por cumplir su condena (¡vaya delito!) era culpa de Alejandro Toledo. Es decir, se culpaba al ex presidente por hacer cumplir la ley. Días después se supo que si Lori Berenson salió en libertad, fue por decisión política del presidente García, cosa que evidentemente fue silenciado por buena parte de los medios de comunicación, que hoy también son un factor de vergüenza en el país.
Una de las personas que se puso del lado de los desconocedores de derechos humanos y del uso político de una sentencia supranacional, fue el propio Ministro de Justicia, Dr. Víctor García Toma. Realmente me pareció penoso que una persona que llegó con buenos auspicios al Ministerio se convierta en un pequeño funcionario, sin grandeza ética, que prefiera el fajín coyuntural que la verdad, la cual, por definición, es permanente.
El día de hoy, gracias a mi amigo el Dr. Pedro Cateriano, me llega a mi cuenta de Facebook un enlace con un magnífico artículo del Dr. Juan Monroy Gálvez, Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el Caso Berenson, publicado en El Comercio y que lleva por título Los devoradores de esperanza. En él, con precisión didáctica, menciona que gracias a los errores y abusos de la dupla corrupta y asesina, conformada por Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, podrían haber salido, por juzgamientos indebidos, hasta 500 terroristas, cosa que no sucedió por el buen criterio de la Corte. Sin embargo por las condiciones carcelarias de algunas prisiones como la de Yanamayo, que el jurista iguala en vergonzosas para el Perú así como Abu Dabi o Guantánamo escandalizan a Estados Unidos, el Estado Peruano fue sancionado con US$ 30,000 dólares, no por concepto de indemnización, como repiten despistados periodistas y políticos afanosos de la declaración, sino por los gastos incurridos en la demanda ante la Corte, por parte de la familia Berenson.
Me pregunto, para ser moderno ¿debemos aplicar la Ley del Talión? ¿Es necesario destripar medievalmente a un terrorista para sentirnos satisfechos en la venganza?. Los terroristas, sin excepción, deben cumplir con sus condenas, pero un Estado moderno no debe igualarse a ellos en el desprecio a los derechos humanos pues se convierte en terrorista de Estado.
Es una lástima que el actual gobierno, del presidente García, utilice un tema tan importante como los derechos humanos con fines políticos de tercer nivel, es decir con cálculo electoral. Y da vergüenza ajena que en ese propósito personas como Rafael Rey o Javier Velásquez Quesquén tengan como socios a profesionales y catedráticos del Derecho como el Dr. Víctor García Toma. Todo esto es parte del deterioro ético al que nos ha conducido, una vez más, el comportamiento del Jefe de Estado, olvidando que, finalmente, la verdad siempre se abre paso.
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