A raíz de la inminente presentación de la ministra Ana Jara en busca del voto de confianza en el Congreso, un grupo de ex presidentes del Consejo de Ministros ha hecho una invocación a la unidad. La considero innecesaria, no sólo porque no estamos en una crisis de gobernabilidad sino porque el mismo gesto de firmar esta carta desgasta a los propios firmantes:
Carta Innecesaria
Me ha llamado la atención una
carta “de unidad” promovida por el expremier Javier Pérez de Cuéllar y firmada
por Pedro Pablo Kuzcynski, Luis Solari y Beatriz Merino todos en su calidad de
haber ejercido la presidencia del Consejo de Ministros, coincidentemente estos
tres últimos, durante la presidencia de
Alejandro Toledo. No estamos en un
ambiente de crisis política y mucho menos de ingobernabilidad. Sí, más bien,
estamos en un ambiente de creciente desinstitucionalización, de presión
creciente de los poderes fácticos y de dependencia mayor de intereses
económicos por parte del gabinete tal y como ha quedado insinuado con la
difusión de correspondencia entre personas que actúan como lobistas y altos funcionarios del Estado. Todo
esto, en una democracia sólida, debe ser cuestionado y –cómo no- investigado.
De ninguna manera se puede pasar por alto que aquellos funcionarios públicos que
deben velar por el bien común se puedan poner a las órdenes de intereses
particulares.
En ese sentido la presencia para
el voto de investidura de la señora Ana Jara en el Congreso debe ser una buena
ocasión para plantear estas interrogantes. Esa actitud, opositora, más bien
fortalece la democracia pues utiliza sus instrumentos constitucionales, como el
voto de confianza, para determinar el rumbo y comportamiento del gobierno. Una
actitud firme en lo opositor, de ninguna manera constituye una obstrucción ni
un impedimento para la buena marcha del Estado. Lo contrario, la obsecuencia,
la subestimación del problema o pasar por alto este tipo de cuestionamientos
indebidos más bien afecta a la democracia.
De un tiempo a esta parte el
predominio en las decisiones del gobierno de intereses económicos particulares
ha visto en la oposición y crítica política a un enemigo. Lo establecido, el
statu quo, no desea ningún tipo de cuestionamiento. Ello es inadmisible en un
Estado que constitucionalmente ha decidido apostar por la economía social de
mercado, que debería tener en los organismos reguladores y en poderes como el
Congreso, a la conciencia crítica de un mercado que tiene en el bienestar de todos
los ciudadanos a su principal objetivo.
La carta mencionada, que puede
nacer de las buenas intenciones, al final lo que ocasionaría sería un
debilitamiento aún mayor de nuestras instituciones. No está en juego el voto de
confianza. Se sabe que el gobierno cuenta con los votos suficientes para pasar
esta prueba. Está en juego qué tipo de Estado queremos, acaso uno de acuerdo al
ordenamiento constitucional, que regule y busque el bien común o uno al
servicio de poderosos intereses económicos particulares.
Con el respeto de los firmantes,
la carta mencionada no tiene ningún sentido.
Juan Sheput
Columna publicada hoy en Diario Uno
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