Las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Lo dice con absoluta claridad el artículo 167 de nuestra Constitución. Ser no deliberante significa que no se ponen a considerar atenta y detenidamente los pro y contra de una decisión. Se subordinan al orden constitucional.
El Congreso tiene dentro de sus atribuciones ejercer el control político, el cual incluye al propio presidente de la República.
Amenazar con desconocer las atribuciones del parlamento en nombre de la gobernabilidad o institucionalidad es, abiertamente, una amenaza de golpe de Estado. Más aún cuando quien las hace es el vocero constitucional del gobierno, es decir, el presidente del consejo de ministros Walter Martos.
Eso ameritaría que el parlamento lo cite para que aclare sus declaraciones. No hacerlo sería aceptar un deterioro de los asuntos públicos que podría llevar a una situación irreversible del orden constitucional.
El retroceso que estamos viendo en materia institucional es consecuencia de tener al frente del país a un presidente, Martín Vizcarra, sindicado de haber recibido coimas por parte de empresas constructoras. Una persona que atraviese esa situación no está en condiciones de ejercer adecuadamente el cargo que ha recibido. El deterioro de los asuntos de gobierno es evidente siendo las declaraciones de Martos consecuencia de tener al frente del país a un sindicado en graves actos de corrupción como Martín Vizcarra. La amenaza de golpe no es más que un acto desesperado de quiénes saben que tendrán que rendir cuentas ante la justicia.
Aquí el segmento de las declaraciones de Walter Martos:
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