Es lamentable el deterioro y
devaluación de la política. Cuando esta era respetable, llegar a la presidencia
del Congreso o a su Mesa Directiva constituía un premio a la trayectoria del
elegido y por ende un reconocimiento de sus pares. Poco a poco esta figura,
importante, se fue transformando en la simple elección de un individuo
manipulable, aquel que garantice los caprichos o deseos del mandatario de
turno. Se fue así licuando una institución importante en la marcha de cualquier
democracia que se respete: la separación de poderes.
He tenido oportunidad de ver cómo
presidentes del Congreso como Carlos Ferrero, Henry Pease, Ántero Flórez-Aráoz
o Mercedes Cabanillas han defendido los fueros parlamentarios, en privado y en
público. Ninguno de ellos hubiera permitido que ministro o Jefe de Estado
insulte al Parlamento de la forma como ahora se hace, desde el Ejecutivo, con gran naturalidad. Es la consecuencia de
tener al frente del Congreso a personas sin trayectoria ni biografía política.
Su improvisación los convierte en apéndices del poder de turno.
Hace poco el presidente Humala ha
llamado mamarracho al trabajo de una comisión parlamentaria y ha señalado que
no está para tonterías respondiendo a una virtual invitación del Congreso. Ante
ello la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, no ha dicho nada.
Explicable. Si está al frente del parlamento es por amistad y no por capacidad.
Pero esto que puede ser “justificable”
se agrava cuando los congresistas aceptan los agravios sin inmutarse. Aquí no
es cuestión de ponerse al nivel del que insulta. Es simplemente cuestión de
defender los fueros, con personalidad política y dignidad.
En ese sentido no puede ser que
el oficialismo juegue con la moción de censura al ministro Figallo. Esta es
válida porque ya se había presentado el 10 de diciembre ante la Comisión Ancash
del Congreso. Su posterior visita al pleno, por tanto, no es el inicio del
proceso sino una acción complementaria que no invalida a la moción presentada.
El reglamento es claro en ese sentido al señalar que se puede presentar luego
que un ministro se presente a informar. El reglamento no especifica que sea
ante el Pleno, justo para evitar el infantilismo procedimental que quiere
imponer el oficialismo. La moción de censura se tiene que votar y el Perú tiene
que saber quiénes son los políticos y partidos que se ponen del lado de la
corrupción.
Y si esto no se da, la acusación
constitucional contra la presidenta del Congreso y su mesa directiva será
válida. No puede ser que por temor a una investigación, los gobernantes de
turno se burlen del país y de la Constitución Política del Perú.
Juan Sheput
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