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martes, 16 de diciembre de 2014

Censura y Acusación Constitucional

Es lamentable el deterioro y devaluación de la política. Cuando esta era respetable, llegar a la presidencia del Congreso o a su Mesa Directiva constituía un premio a la trayectoria del elegido y por ende un reconocimiento de sus pares. Poco a poco esta figura, importante, se fue transformando en la simple elección de un individuo manipulable, aquel que garantice los caprichos o deseos del mandatario de turno. Se fue así licuando una institución importante en la marcha de cualquier democracia que se respete: la separación de poderes.
He tenido oportunidad de ver cómo presidentes del Congreso como Carlos Ferrero, Henry Pease, Ántero Flórez-Aráoz o Mercedes Cabanillas han defendido los fueros parlamentarios, en privado y en público. Ninguno de ellos hubiera permitido que ministro o Jefe de Estado insulte al Parlamento de la forma como ahora se hace, desde el Ejecutivo,  con gran naturalidad. Es la consecuencia de tener al frente del Congreso a personas sin trayectoria ni biografía política. Su improvisación los convierte en apéndices del poder de turno.
Hace poco el presidente Humala ha llamado mamarracho al trabajo de una comisión parlamentaria y ha señalado que no está para tonterías respondiendo a una virtual invitación del Congreso. Ante ello la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, no ha dicho nada. Explicable. Si está al frente del parlamento es por amistad y no por capacidad.
Pero esto que puede ser “justificable” se agrava cuando los congresistas aceptan los agravios sin inmutarse. Aquí no es cuestión de ponerse al nivel del que insulta. Es simplemente cuestión de defender los fueros, con personalidad política y dignidad.
En ese sentido no puede ser que el oficialismo juegue con la moción de censura al ministro Figallo. Esta es válida porque ya se había presentado el 10 de diciembre ante la Comisión Ancash del Congreso. Su posterior visita al pleno, por tanto, no es el inicio del proceso sino una acción complementaria que no invalida a la moción presentada. El reglamento es claro en ese sentido al señalar que se puede presentar luego que un ministro se presente a informar. El reglamento no especifica que sea ante el Pleno, justo para evitar el infantilismo procedimental que quiere imponer el oficialismo. La moción de censura se tiene que votar y el Perú tiene que saber quiénes son los políticos y partidos que se ponen del lado de la corrupción.
Y si esto no se da, la acusación constitucional contra la presidenta del Congreso y su mesa directiva será válida. No puede ser que por temor a una investigación, los gobernantes de turno se burlen del país y de la Constitución Política del Perú.

Juan Sheput