El costo de seguridad es cada vez más alto en el Perú y está ahuyentando las inversiones. No es una exageración. La delincuencia, que empezó a hostigar empresas bajo la modalidad de la extorsión y luego paso al asesinato por encargo (sicariato) se ha fortalecido a pesar de los esfuerzos que vienen haciendo las dependencias policiales a lo largo y ancho del país.
En Trujillo, ciudad que se había convertido en la segunda del Perú luego de Lima, la extorsión al hacerse tan masiva, evidente y peligrosa ha ahuyentado a inversionistas que consideran que el costo de seguridad, es decir dedicar presupuestos a vigilancia, comunicaciones, cámaras y aparato legal es tan alto que desanima y desalienta a la inversión.
Pero lo peor es que esto no es todo. En nuestro país, tal y como señala la gerenta general de Austral Adriana Giudice, la seguridad es un gran sobrecosto pues es el Estado quien debe de proveerla y para eso es que recibe nuestros impuestos.
Lo dramático, señala la misma funcionaria, es que hasta los trabajaadores pagan ahora cupos, lo que convierte a la inversión privada en un drama. A continuación lo señalado por la funcionaria a Gestión:
El gobierno debe tomar medidas para mejorar la seguridad en el país, ya que es un tema importantísimo para el desarrollo de los negocios y ahora representa un gran sobrecosto, informó la gerente general de Austral, Adriana Giudice.
“Las empresas gastan muchísimo en seguridad privada, ese es un costo adicional que tenemos y es un gran sobrecosto porque nosotros pagamos impuestos y la seguridad no debería generarnos eso”, enfatizó.
Durante su participación en el Foro Industrial, organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), manifestó que cada año aumentan los costos de seguridad en el Perú pero ahora eso no solo afecta a las empresas sino a los propios trabajadores.
“Hay puertos en la que los obreros tienen que pagar cupos para no ser asaltados al ir a su casa, entonces ya no solo afecta a los taxistas o los empresarios sino también a la gente de a pie”, aseveró.
En ese sentido, enfatizó que el tema de seguridad es importantísimo que el gobierno debe atender para el desarrollo de los negocios.
“Es un tema que tenemos que resolver conjuntamente con mucho diálogo entre el Estado y el sector privado”, dijo.
Asimismo, consideró que el gobierno debe ver la posibilidad de revisar el actual nivel de las sanciones y multas a las empresas, ya que en muchos casos no corresponden a un daño potencial de una actividad o de la falta que pueda hacer una determinada empresa.
“En un país donde lamentablemente hay un gran alto de corrupción, tener multas que son exorbitantes no es la mejor manera de formalizar, no es la manera de generar una buena conducta del administrado”, acotó.
Por otro lado, consideró positivas las últimas reformas realizadas a la Ley de Obras por Impuestos, ya que ahora permiten que las empresas puedan acogerse a este mecanismo de colaboración público privada.
“Las últimas regulaciones están haciendo que sea cada vez más posible llevar a cabo estas asociaciones y ejecutar obras a un menor costos y con mayor eficiencia, yo creo que tenemos que perseverar en esto y tratar de identificar los puntos que deben mejorarse para que se realicen estas obras por impuestos que son tan importantes”, comentó.
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