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viernes, 24 de febrero de 2012

El irreversible daño a Inambari, reportaje de Jacqueline Fowks

Jaqueline Fowks ha presentado un excelente reportaje sobre lo que viene sucediendo en Inambari, tanto en términos mediáticos como políticos y económicos. Considero su lectura como imprescindible para que vean cómo se diseñan y promueven políticas públicas que merecen otro escenario de discusión. Como país deberíamos sentirnos avergonzados por permitir que los intereses de otro país como Brasil se impongan en el nuestro y de forma cuestionable. El daño a nuestra biodiversidad sería irreversible, los problemas ambientales serían lamentables para nuestro país y por lo demás, el 100% de la energía iría a Brasil. A continuación presentamos un vídeo y un reportaje de la destacada periodista que nos sensibilizarán sobre el tema, más aún cuando en el Congreso de la República, desde Mayo de este año, a raíz de la visita de la presidenta brasileña el tema sería vuelto a tocar:



Las tensiones de Egasur por el proyecto Inambari en Puno

Por: Jacqueline Fowks
El proyecto de la central hidroeléctrica de Inambari tuvo a favor la voluntad política del gobierno del presidente García y, pese a ello, cuando concluyó la prórroga de la concesión temporal –en junio 2010– la empresa de capital brasileño Egasur no pudo terminar los trabajos conducentes a la concesión definitiva. La actuación del consorcio deja ver la complejidad de la operación y, a la vez, la claridad del origen de los conflictos sociales en Puno relacionados con este megaproyecto. Este reportaje abordará el desempeño de la empresa en dicha región.
En 2008, el consorcio brasileño Inambari Geraçao de Energía (Igesa) compró las acciones -e incrementó el capital inicial- de Egasur y pasó a tener el 99.9% de ellas y el funcionario de la constructora OAS, Valfredo de Assis Ribeiro Filho, el 0,01% restante. El consorcio está formado por tres empresas: OAS (51%), las estatales Eletrobras (29,4%) y Eletrobras Furnas 19.6%, de acuerdo a información institucional divulgada por Furnas en mayo 2010. (1)
El impulso dado por los gobiernos de Lula y García al firmar el memorándum de integración energética entre ambos países y el hecho de que una empresa estatal brasileña fuera parte del proyecto, facilitaron el proceso inicial, tanto así que funcionarios peruanos del ministerio de Energía y Minas -entre ellos el ex ministro Pedro Sánchez (2), en marzo 2010 y octubre 2009 (3)- destacaban los beneficios de dicho emprendimiento y las previsiones sobre los daños que causaría. El congresista aprista Tomás Cenzano (4) también se pronunció en ese sentido, y además remarcó la solidez financiera del consorcio Igesa, cuando hubo cuestionamientos a Egasur por el capital de diez mil soles con el que fue creada.
De acuerdo a las presentaciones públicas realizadas por el presidente del directorio de Egasur, ingeniero Evandro Miguel, la inversión para el proyecto de la hidroeléctrica era de poco más de 4 mil millones de dólares.
Como parte del proceso relativo al acuerdo bilateral, los viceministros de Energía y otros funcionarios del MINEM viajaron a reuniones de trabajo en Brasil –autorizadas por resolución ministerial- en mayo 2008 (vicemin. Pedro Gamio), agosto 2008, mayo 2009 y agosto 2009. En algunas, por ejemplo, en mayo 2009 el viceministro Daniel Cámac hizo una presentación en Río de Janeiro –en un seminario técnico de integración energética (5)– al igual que el superintendente de operaciones internacionales de Eletrobras, Sinval Gama Zaidan, uno de los accionistas (6) de Igesa, que detentaba la concesión temporal de Inambari. Un encuentro similar tuvo Cámac en Río de Janeiro en agosto 2009 (7) con altos ejecutivos del sector eléctrico brasileño, privado y estatal, en el IV seminario internacional del sector de energía eléctrica, realizado con apoyo de seis empresas, una de ellas Inambari Geraçao de Energía S.A. En marzo 2009 se reunieron el entonces presidente Alan García con el director internacional de OAS, César Uzeda (8), y el country manager Valfredo Ribeiro Filho para dialogar sobre Inambari. A inicios de febrero 2010, se repitió la visita a Palacio de Gobierno (9) ya con Ribeiro Filho como gerente general de Egasur y Uzeda como miembro del Consejo de Administración de Igesa.
En entrevista para este reportaje, el presidente del directorio del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), César Butrón, indicó que colaboraron con Eletrobras proveyendo información para cálculos y el estudio de factibilidad del proyecto Inambari. El COES es una entidad técnica privada que agrupa a generadores, transmisores y distribuidores de electricidad y es la principal institución que realiza proyecciones de demanda de energía en el Perú, asunto que será clave cuando el Estado peruano negocie con Brasil la cantidad de electricidad que exportará y la que mantendrá para el mercado interno. Butrón también participó de algunas de las reuniones y seminarios de trabajo en Brasil, mencionadas en el párrafo anterior.
El proyecto Inambari llamó la atención de algunos medios de Lima cuando en noviembre 2009 el diario brasileño Folha de Sao Paulo informó que Fernando Sarney, hijo del presidente del Senado, José Sarney, y Silas Rondeau incurrieron en tráfico de influencias al tomar decisiones sobre la agenda del ministro de Energía y Minas brasileño, Edson Lobão, para este caso, entre otros emprendimientos. Folha informó así (10):
El 30 de junio de 2008, Rondeau contactó a la secretaria para agendar otra reunión. "El día 4 está bien. Son los dueños de Engevix que quieren tratar el asunto de Perú. Él [Lobão] sabe qué es", dijo.
Rondeau llamó luego a José Antunes Sobrinho, socio de Engevix, y escuchó el pedido para que lo acompañase a la reunión con Lobão para tratar de la construcción de hidroeléctricas en Perú con la participación de Eletrobrás, estatal ligada al ministerio: "Su presencia es fundamental por el hecho de que los próximos pasos salen pronto con su cooperación”, afirmó Antunes. (…)
Dos meses después, Engevix firmó un acuerdo con Eletrobrás para estudiar la viabilidad de construir seis centrales en territorio peruano, en un negocio estimado en US$ 16 billones.
La brasileña Engevix (11) en asociación con la peruana S&Z Consultores realizó los estudios de ingeniería (prefactibilidad) entre mayo y agosto de 2008 pagados por Furnas y, en 2009, la segunda etapa de los estudios de factibilidad, para Igesa. Según la página web de S&Z Consultores –citada en el estudio de José Serra Vega sobre Inambari–, el estudio preliminar de la hidroeléctrica incluyó las gestiones ante el Minem hasta la obtención de la concesión temporal de generación de energía eléctrica (resolución ministerial N° 287-2008-MEM-DM).
Abanico de empresas
Egasur-Igesa subcontrató a una gran cantidad de empresas para trabajar la concesión temporal: estudios de abogados, consultoras para asesoría empresarial, consultoras de comunicación, empresas con alguna experiencia en la elaboración de estudios de impacto ambiental (EIA) y relaciones comunitarias, encuestadoras, entre otras.
Dos personas entrevistadas para este reportaje, que trabajaron para el consorcio y que declararon bajo la condición de anonimato, afirman que no hubo coordinación suficiente entre todas aquellas prestadoras de servicios, con tareas distintas, a veces superpuestas territorialmente y sin un mensaje común. Ello condujo a que, para continuar el trabajo, tuvieran que pedir disculpas a líderes de la zona por lo actuado en los primeros meses, cuando hubo diversas empresas tomando muestras, ingresando a las poblaciones, y sin una comunicación respetuosa hacia los colonos.
De acuerdo al balance patrimonial presentado (12) por Inambari Generación de Energía en 2010, algunos de los prestadores de servicios en el Perú fueron:
Andres Adler Flores Gonzales, Apoyo Comunicación Corporativa SAC, Avanzini S.A. Centro Internacional De Capacitación, Clodomino Landeo Lagos, Consultandes S.A., Fernando Huapaya Roggero. Grupo Atenea SAC, Imagen & Medios SAC, Imedia Comunicaciones SAC, Instituto Cuanto, Pablo Bustamante Pardo, Norma Rodríguez Yañez, Paraca Comunicaciones SAC, Sanmartín Soluciones SAC, Juan Carlos Tafur Rivera, KPMG Auditores.

Dos de las mencionadas corresponden a Alvaro Barnechea, quien no accedió a una entrevista para este reportaje, y cuyas empresas realizaron tareas de comunicación y relaciones comunitarias entre 2009 y 2010: Paraca Comunicación e Imagen y Medios. San Martín Soluciones es una empresa de Sandro Marcone, quien prestó servicios de comunicación digital con su consultora Cancha y Media. Apoyo Comunicaciones prestó servicios hasta mediados de 2010 y, posteriormente, el trabajo que realizaban Apoyo y Paraca fue asumido por el consultor Fernando Huapaya, quien en el pasado trabajó en el área de comunicaciones de Doe Run (13).
Otros importantes prestadores de servicios que no figuran en dicho documento son el estudio de abogados Miranda y Amado y Ecoplaneación Civil SA (ECSA), que estuvo a cargo del estudio de impacto ambiental.
De acuerdo a dos fuentes distintas entrevistadas, ConsultAndes y la ONG de Pablo Bustamante, Wiñaypaq, organizaron –por lo menos– un seminario para periodistas en Lima en 2009, donde una de las exposiciones iba a ser el proyecto Inambari. Wiñaypaq fue creada por Bustamante para promover, mediante conversatorios dirigidos a periodistas, un mejor ambiente y condiciones favorables para la inversión en el Perú. Juan Carlos Tafur moderaba dichos eventos y llegó a formar una red de periodistas, especialmente fuera de Lima. Uno de los expositores en dicho evento realizado en un hotel de Lima fue Jaime Antezana, quien ha investigado acerca del cultivo de coca en Carabaya y Alto Inambari, y que en 2009 preparó con el vicepresidente ejecutivo de ConsultAndes, Jaime García, un estudio para Devida sobre desvío de insumos químicos (14). Los cuestionamientos vinculados con el narcotráfico (15) son parte de los choques de argumentos acerca del proyecto Inambari.
El proyecto Inambari generó tanta polarización, especialmente en Puno, que en varias entrevistas para este reportaje escuchamos que autoridades, dirigentes o periodistas fueron ‘comprados’ o que hubo ofertas de dinero mensual para los periodistas que informaran a favor de la obra. Del otro lado, las acusaciones a los dirigentes o activistas que se opusieron indicaban que estaban manipulados por ONG o por personas ajenas a la zona o velaban por los intereses del narcotráfico.
Uno de los más mencionados fue el periodista Hugo Supo, quien trabajaba en el diario Los Andes y dejó ese puesto luego de haber participado –durante sus vacaciones y un período de permiso– como maestro de ceremonias en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Puno (16) para presentar el proyecto Inambari y tras haber asistido al evento para periodistas organizado por ConsultAndes-Wiñaypaq en Lima.
Entrevistado para este reportaje, Supo declaró que para el evento de la Cámara de Comercio en la casa de retiro Kokan, Juliaca, también ayudó invitando a algunos líderes de comunidades, ya que es amigo de quien era entonces presidente de las rondas campesinas de San Gabán. Asimismo, recordó que publicó una nota en la que Jaime Antezana (17) indicaba que el rechazo al proyecto Inambari se debía a los intereses del narcotráfico que ha crecido en la zona. El periodista considera que estos fueron hechos aislados y coincidencias “desafortunadamente mal interpretadas”, y que además ocurrieron en medio de una campaña electoral en la que el proyecto Inambari “se politizó, se había desnaturalizado la cuestión técnica”.
En Lima, líderes de opinión y periodistas fueron contactados por Juan Carlos Tafur o Alvaro Barnechea y Francisco Tumi en una primera fase, y en el 2011 por Fernando Huapaya, para una presentación del proyecto a cargo de ejecutivos de Egasur. Participaron en esos briefings, entre otros, Gustavo Mohme y dos periodistas más de La República; Marco Sifuentes de Perú21; Renato Cisneros de RPP; María Luisa del Río de El Comercio; y Augusto Alvarez Rodrich de Radio Capital.
La empresa en los talleres informativos: visión de los posibles afectados
La ex alcaldesa de Carabaya, Nancy Rosell, resumió así su visión sobre los talleres que por ley el consorcio brasileño debía realizar:
Convocaron [por segunda vez –luego de la anulación del primero por un problema de delimitación distrital] al taller informativo los días 15, 16 y 17 de agosto (2009) en Loromayo, Lechemayo, y Puerto Manoa respectivamente. Asistí a los dos primeros y nos dimos con la sorpresa que se estaba llevando a cabo dos talleres en uno: el 17 de agosto no se cumplió en Puerto Manoa, porque los de la empresa llegaron con casi cuatro horas de retraso, la población se encontraba muy molesta, por dos razones. Por la manera amañada como se estaban llevando a cabo los talleres y por la demora.
No dieron información suficiente, cuando se interrogó sobre la reubicación e indemnización de los pobladores que viven al margen del río Inambari, toda vez que de acuerdo al video esta zona sería inundada, la empresa no supo responder, dijo que recién en el próximo taller darían a conocer esos detalles. El señor Millones [de ECSA], encargado de dar a conocer el avance del Estudio de Impacto Ambiental, dijo que el río Inambari estaba completamente contaminado, que había zonas donde existían pozas de maceración, que había tala, minería informal, y faltaba casi un año para terminar ese estudio. Sobre la etapa tres del tramo IV de la carretera interoceánica [dijo] que sí se inundaría pero que se vería otra ruta por donde pasaría. Sobre la reserva del parque Bahuaja Sonene, que harían una especia de muro de contención para no afectarlo. Los temas que preocupaban y no fueron respondidos eran reubicación e indemnización, la carretera y la zona protegida del parque.
Rosell indicó que Egasur no le solicitó una reunión para presentarle el proyecto, sólo recibió “los oficios invitando a los talleres informativos a pesar que en varias oportunidades que coincidimos con el señor Barnechea se comprometió a rectificar su actitud agresiva e ir a conversar a la municipalidad”.
Acerca de los aliados que logró Egasur en la zona y la forma en que obtuvieron apoyo, la ex burgomaestre agregó:
El Ing. Gustavo Flores Flores estuvo como defensor del proyecto en casi todos los eventos en que participé. A fines del 2010 aparecieron personas en Carabaya que se ofrecieron a apoyar a la empresa y estuvieron repartiendo panetones, viajaban a San Gabán para convencer a los pobladores.

Rosell indica que el director de Paraca Comunicaciones cambió la opinión de algunos dirigentes en la zona de posibles afectados ofreciéndoles beneficios materiales.
Víctor Alarcón, presidente de la ronda campesina de Puerto Manoa, tuvo una posición similar durante la entrevista para este reportaje, refiriéndose al taller que hubo en su centro poblado:
Lo hicieron en el complejo deportivo del centro educativo. La gente quería ir al grano, se preocupan de su convivencia, pasaron dos horas y no sabían dónde los iban a reubicar. (Los expositores) Hablaban del PBI, de la cantidad de energía, de cuántos trabajadores iba a haber. Se les hacía las preguntas y no se dijo. La gente se molestó y no se dejó seguir el taller, estaban haciendo dos talleres en uno solo, no se aceptó.
Alarcón también mencionó intentos para inclinar la postura de las personas de la zona a favor del proyecto, mediante ofrecimientos materiales. “A gente pobre la trabajaron –quizá– regalándoles cositas, plata. A quien daba terreno para hacer el taller informativo le ofrecían 500 soles. Por ejemplo, un muchacho que toma y no trabaja venía ofreciendo pagar las camisetas para un equipo de fútbol. ¿De dónde tenía?”
El dirigente de Puerto Manoa recordó que la empresa no entregaba folletos ni volantes: “No había información. Lo que nos importaba más es nuestra convivencia actual, los recursos naturales que debemos cuidar. El 80% de la energía decían que es para Brasil y ¿quién sabe cuánta de esa energía vamos a necesitar? Y más que todo, a dónde nos iban a enviar, a darnos unos pedacitos chiquitos (de tierra), no nos pueden amontonar como ovejas a un canchón”, agregó.
En esa misma línea también opinó Olga Cutipa, vicepresidenta del Frente de Defensa de Carabaya, residente y comerciante de San Gabán. Cutipa relató que un día en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima se le acercó un profesional que trabajaba para el consorcio Egasur y le pidió conversar. El tenor del diálogo fue el siguiente:
- ¿Qué quiere conmigo?
- No señora, no se amargue, sentémonos a tomar un café… El gerente máximo de la empresa quiere que lo visite en Lima, conversar de qué es desarrollo. Ese pueblo está con usted, escucha lo que usted le va a decir… Si usted dice que es bueno (el proyecto)… le pagamos sus gastos, su casa, su carro, la ponemos como administradora.
Cutipa replicó que no iba a vender a su prójimo y le preguntó al interlocutor si se atrevía a proponerle lo mismo delante de las personas en San Gabán. Poco después, la conversación terminó.
Para este reportaje pedimos opiniones acerca de la actuación de la empresa a unas 14 autoridades de Lechemayo, quienes el domingo 11 de diciembre estaban en asamblea para resolver sus problemas de conexión eléctrica. La reunión era conducida por el alcalde del centro poblado menor Jhony Bellido con la presencia del juez de paz Dante Luna. Hubo algunas opiniones en contra de Egasur, aunque también varios dirigentes se quejaron de que no tuvieron acceso a información sobre el proyecto y que los dirigentes de San Gabán y Carabaya lo habían impedido. Las siguientes fueron algunas de esas opiniones:
“Las rondas nos tildaban de amarillos, pero a veces también los de la empresa venían y si alguien o dos o tres personas firmaban un papel diciendo que respaldaban (el proyecto), la empresa lo inflaba, decían que todos apoyaban. (En los talleres) Hablaban maravillas dos jefes, dos brasileños con un abogado. Hacemos las preguntas y era un fraude, un engaño. Si hubieran sido claros nos habríamos convencido. Los pobladores no estamos de acuerdo pero porque no sabemos qué problemas trae. Ahora estamos esperando la consulta previa”.
El teniente gobernador de Chalhuamayo, Lesmes Quispe Vilca, quien participó de esa misma asamblea en Lechemayo, agregó: “la mayoría de la población en Boca San Gabán no queremos nada con ese proyecto. Este es el pulmón del mundo, acá lavamos oro, trabajamos en madera, no vamos a permitir”.
Interacción del consorcio con el Ministerio de Energía y Minas
La empresa que detenta una concesión temporal debe cumplir con el ‘Reglamento de Participación Ciudadana para la Realización de Actividades Energéticas dentro de los Procedimientos Administrativos de Evaluación de los Estudios Ambientales’. Las normas para la realización de las actividades de participación ciudadana cambiaron en 2010, por lo tanto el proyecto Inambari realizó las rondas 1 y 2 de talleres informativos del 2009 y hasta febrero 2010 de acuerdo a la resolución ministerial 535-2004-MEM-DM (18) y en coordinación con la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAEE) (19).
La norma de 2004 indicaba “los talleres informativos, serán convocados por la DGAAE, en coordinación con el responsable del proyecto y la Autoridad Regional del lugar en donde se pretende desarrollar el proyecto energético”.
En entrevista con la representante de la Defensoría del Pueblo de Puno, Luz Herquinio, comentó que en la primera ronda de talleres informativos hubo un impase en Loromayo, los representantes de la empresa “habían pasado unas encuestas, no sé si era el momento, y el ministerio observó a la empresa. Respondieron ‘Ahí ha habido un error, no es el momento’. Las encuestas hablaban de indemnizaciones, preguntaban qué poseía cada quien. La población al final no quiso firmar el acta, tenían la impresión de que con eso estaban aprobando (el proyecto), era desinformación de las autoridades. Hablaban que por qué habían juntado los dos talleres, el segundo taller era la línea de base, por eso resultó un poco largo; había empezado 5:30 y era cerca de las 9 pm. cuando terminó”.
Herquinio confirmó lo dicho por asistentes a los talleres de la primera y segunda ronda: que había respuestas que los representantes de la empresa no podían dar. “Eso también ha sido el fastidio (de los asistentes a los talleres), querían que se les explicara ya”. En el primero informan sobre el proceso de participación ciudadana y en el segundo, la línea de base realizada en la zona posiblemente afectada.
La representante de la DP también dijo que el taller programado en Puerto Manoa a las 4 pm. comenzó cuando empezaba la noche. “Dijeron que iba a ser en el patio del centro educativo, allí no había (suficiente) luz. Estaba tenso el ambiente, quizá había gente que había tomado, salía alguno a gritar. En un momento parecía haber la consigna de “no queremos. A veces no se le entendía muy bien al brasileño. Explicaron la participación ciudadana y con la línea-base hubo ánimos más caldeados y luego un hombre mayor, de la consultora, empezó a gritar a la gente, ‘no nos van a venir a faltar el respeto’, dijo. Yo me paré a poner calma, pedí a la ronda encargada de dar seguridad que pusiera orden, porque allí no hay comisaría, no hay policías. Dije que las condiciones no nos parecen, hay un clima de rechazo pero ellos están explicando, no se está decidiendo nada. Ahí quedó inconcluso, quedó pendiente ese taller”, relató.
El segundo taller se realizó nuevamente con problemas de seguridad en Puerto Manoa el 17 de agosto de 2009, tal como quedó registrado en un acta (20): la población prohibió la toma de fotografías. El Minem sancionó a Ecsa, la consultora a cargo del EIA, mediante un oficio –del 1º de setiembre 2009– en el que indicaba que no realizó una presentación adecuada de la línea de base y no verificó las condiciones de accesibilidad y de clima en el lugar del evento. En otro intento de realizar un taller en Puerto Manoa, en la zona denominada Charoplaya, al pie de la carretera Interoceánica, la situación fue más grave debido a que rechazaron la presencia de los representantes del consorcio y la actividad no se concretó. El hijo del dueño de Ecsa, Mauricio Millones, quien trabajaba como relacionista comunitario fue expulsado. Algunas versiones indican que les quitaron la camioneta y los zapatos.
El 25 de noviembre 2010, el MINEM evaluó el proceso de convocatoria del ‘taller participativo durante la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental’ y canceló el evento programado para ese mes porque la empresa no convocó a varias personas y grupos de interés representativos, no había cargos de recepción, o los cargos habían sido firmados con una misma caligrafía sin fecha, entre otros motivos. Esta convocatoria se realizaba con las nuevas normas de la RM 223-2010-MEM/DM. Luego de dicha suspensión, la empresa no volvió a proponer una nueva fecha para concluir el proceso de participación ciudadana y ello condujo a que la dirección de asuntos ambientales energéticos del MINEM declare en abandono el proceso de participación ciudadana y el archivo del expediente (21). El consorcio, además, no llegó a la parte final de dicho proceso que es la presentación del EIA en audiencia pública.
En un estudio denominado ‘Implicancias de la interconexión eléctrica Perú-Brasil en la matriz eléctrica peruana’ (22), el ingeniero de la UNI Jaime Luyo sostiene: “En el largo plazo, sin una política energética explícita hacia el desarrollo sostenible del país, existe el riesgo de supeditar la orientación y decisiones a la discrecionalidad y las buenas intenciones de los funcionarios”. Esa cita parece describir de manera adecuada el curso de lo ocurrido en el caso del proyecto Inambari (23), en particular por la mención a la discrecionalidad: una población que súbitamente descubre al gobierno de turno optando por un proyecto sin tenerla en cuenta.
Otro factor que explica la fuerte oposición de Puno al proyecto, es la importancia de la Interoceánica Sur en este departamento, “una antigua demanda”, según destacó el ex candidato al gobierno regional Alberto Quintanilla en entrevista –dado que un tramo de la vía en Puno se perdería–. Por otro lado, Egasur pidió al Minem mantener la confidencialidad de su estudio de factibilidad y su Estudio de Impacto Ambiental (24) y ello también contribuyó con la impresión del doble discurso o la omisión de información y falta de transparencia en la zona.
Nota de la autora:
Declinaron declarar para este reportaje: el alcalde de San Gabán, Adolfo Huamantica; el presidente de directorio de la empresa Egasur, Evandro Miguel; el consultor de Egasur, Fernando Huapaya; Bernardo Oliart de Apoyo Comunicaciones; el Ministerio de Energía y Minas. Un agradecimiento a Eliana Hualpa, Aldo Santos y al Ing. José Serra por su colaboración en este trabajo.
Notas:
(1) |http://www.furnas.com.br/arqtrab/ddppg/revistaonline/linhadireta/RF375_americ.pdf
(2) http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=6&idTitular=1934
(3) http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-mem-afirma-solo-3262-personas-s...
(4) http://www.losandes.com.pe/Nacional/20090701/24030.html
(5) http://www.nuca.ie.ufrj.br/gesel/eventos/P_2009.05.14_IntegracaoBrasilPe...
(6) http://www.jusbrasil.com.br/diarios/5259975/doerj-publicacoes-a-pedidos-...
(7) http://www.nuca.ie.ufrj.br/gesel/eventos/seminariointernacional/2009/pro...
(8) http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-empresa-oas-brasil-confirma-vol...
(9) http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-mandatario-sostuvo-reunion-dire...
(10) http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2009/10/11/familia-sarney-inte...
(11) http://www.firbtools.com/engevix/pub/Consulta.asp?Drop=1&Idioma=2&Projet...
(12) http://www.valor.com.br/sites/default/files/valor_ri/01-04_inambari_c.pdf
(13) http://www.doerun.com.pe/content/pagina.php?pID=141&PHPSESSID=e9417d2058...
(14) http://www.semanario-alternativas.info/archivos/2009/septiembre/84---11.09.2009/internacionales/paginas_ internacional/latinoamerica/Informe Final IQ al Narcotrafico.pdf
(15) http://www.rechargenews.com/business_area/finance/article211293.ece
(16) http://hugosupo.blogspot.com/2010/10/mirando-la-segunda-vuelta-en-puno.html
(17) http://hugosupo.blogspot.com/2010_02_28_archive.html
(18) http://intranet2.minem.gob.pe/Web/archivos/dgaae/legislacion/RM-535-2004.pdf
(19) Como indica el oficio Nº004-2004 firmado por la economista Iris Cárdenas, directora general de Asuntos Ambientales Energéticos, el 20 de enero convocando al tercer taller informativo en Quispicanchis, Cusco.
(20) http://www.bicusa.org/es/Document.101992.aspx
(21) http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGGAE/ARCHIVOS/estudios/RESO...
(22) http://csd-institute.org/Publish/IMPLICANCIAS_DE_LA_INTERCONEXION_ELECTR...
(23) Otro importante descuido en términos informativos, esta vez por parte del gobierno peruano, fue divulgar un borrador realizado por el MINEM, en el que indicaban que la proporción de energía exportada a Brasil –sujeta al acuerdo energético- podría ser el 80% de lo producido en las nuevas hidroeléctricas.
(24) La ONG DAR solicitó el EIA al MINEM conforme a la ley de transparencia y no lo obtuvo. Luego de un proceso judicial de hábeas data lo consiguió en 2011. Ver http://dar.org.pe/eia_inambari.html