Loading...

Google+ Followers

viernes, 22 de octubre de 2010

ONPE tiene el deber de informar origen de actas procesadas

Si la ONPE no quiere desacreditarse debe informar sobre el origen de las actas digitadas que han permitido que se desate el psicosocial que da cuenta de un acercamiento de Lourdes Flores a Susana Villarán.
El personero legal y el personero técnico de cada partido tienen el derecho a saber qué actas se están procesando y qué actas están pendientes, cuál es su distrito de origen y en qué situación están. La información siempre ha estado disponible en otras elecciones. Es potestad de un personero solitarla. Si el JNE y la ONPE no informan, están incurriendo en una grave falta electoral.
Si se preguntara en Breña de qué equipo es fanática la gente, responderían la U en un gran porcentaje. Si hicieran la misma pregunta en La Victoria, ganaría el Alianza. Si se pregunta en todo Lima, la situación variaría. Por ello es importante saber el origen de las actas.
Si no se dice qué actas son las que se están procesando se van a generar confusiones e ilusiones innecesarias. Se podría dar el caso que, momentáneamente, Lourdes Flores pase a Susana Villarán. Esta situación originaría, como es obvio, la alegría de sus simpatizantes, sin embargo al continuar el conteo la situación se volvería a revertir, por la fuerza de la tendencia, en favor de Susana Villarán. En ese momento los seguidores desfavorecidos podrían argumentar que les están "robando la elección", es decir los señores de Unidad Nacional. Como verán, el despelote electoral, que esperamos, sinceramente no suceda. Pero los síntomas de preocupación de un lado y excitación del otro, contribuyen a esta situación, motivada por la desinformación del JNE y la ONPE.
Esta sería una situación lamentable cuya responsabilidad, repito, sería de los organismos electorales, por no informar sobre el origen de las actas electorales procesadas y pendientes de procesar. Allí sí se podría hablar de una falta de transparencia que daña la imagen del proceso electoral y afectaría la gobernabilidad y el mandato de la futura alcaldesa de Lima.
Me pregunto ¿Por qué no intervienen la Defensoría del Pueblo y Transparencia?