La incapacidad de diversos organismos estatales para el manejo y la ejecución de los programas sociales del Gobierno se ha visto reflejada en el informe que el pasado 11 de junio emitió la Contraloría General de la República, bajo la dirección del contador Fuad Khoury.
El Informe N° 227-2009, al que accedió Perú.21, analiza los 34 proyectos sociales vigentes durante el periodo julio 2007-julio 2008 –con excepción del Vaso de Leche y el de Complementación Alimentaria, que han merecido informes individuales– y revela que, en los últimos dos años, la ejecución del presupuesto asignado a los mismos no solo ha sido ineficiente, sino que tampoco se han realizado estudios para evaluar el impacto en los beneficiados, quienes, por lo demás, no se encuentran empadronados.
EL PRESUPUESTO.
El estudio elaborado por la Contraloría señala que, pese a que en 2007 solo se invirtió 74.08% del total del presupuesto asignado por el Gobierno a este rubro –es decir S/.2,920.5 millones de los S/.3,942.4 millones–, para el año 2008 se decidió incrementar la partida presupuestal a S/.4,375.3 millones. Sin embargo, para fines de julio de 2008, según el documento del órgano de control, solo se había ejecutado el 35.87%.
“Los proyectos que registraron los mayores montos no ejecutados en 2007 fueron Agua Para Todos (S/.470.4 millones), seguido por el de Electrificación Rural (S/.115 millones), el de Educación en Áreas Rurales (S/.79.5 millones) y el Pronamachcs (S/.54.2 millones)”, sostiene el documento.
Asimismo, se observa con preocupación que, en lo que se refiere a la distribución del presupuesto, los proyectos dedicados al desarrollo productivo solo contaron con 3.7% del total de la partida asignada, o sea, poco más de S/.161 millones. “Los planes de desarrollo productivo –explica la Contraloría– son aquellos que contribuyen a generar riqueza promoviendo el desarrollo de las capacidades de los beneficiarios para lograr su propios ingresos, por lo que deberían tener mayor presencia en la lucha contra la pobreza”.
Es decir, en los últimos dos años, el Gobierno le ha dado prioridad al tema asistencialista, dejando de lado los proyectos que impulsan la obtención de sus propios recursos. Lo negativo de este tipo de apoyo es que se genera una dependencia del beneficiario con el sistema, que le produce la falsa sensación de haber superado la pobreza.
“Para lograr un mayor impacto en la reducción de la pobreza en el Perú, las unidades protectoras (asistencialistas) deberían incluir en su diseño componentes promotores (de la producción de recursos)”, plantea el órgano de control.
El informe que nos llega vía Perú 21 nos muestra el descalabro en que nos encontramos: incapacidad total.
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