Santiago Mauin Valera, pacifista aguaruna y luchador incansable de los territorios nativos de la selva ha muerto en la salvaje represión ordenada por el gobierno de Alan García.
Santiago mauin era reconocido en el mundo por su clara vocación defensora de los derechos de las etnias aguarunas y de la selva Amazónica en general. Era amigo personal de la Reina Sofía por lo cual su muerte constituye un escándalo internacional.
En estas horas los reportes de Bagua indican que los hospitales han colapsado y entre los heridos de bala hay niños.
Todo lo que causa una actitud intransigente y premoderna del doctor García quien mal hace en llamar delincuentes a quiénes sólo están defendiendo sus tierras ancestrales y sus derechos. García demuestra así su desesperación y que no tiene el aplomo suficiente para gobernar.
Actualización: La noticia la tomamos de La República y de RPP en el programa del Chema Salcedo, en donde Milagros Leiva inclusive hizo una semblanza del líder nativo. En buena hora que se encuentre vivo, pero hasta ahora no se sabe la cifra definitiva de fallecidos por la falta de criterio y capacidad del gobierno de García.
12 comentarios:
CONFIRMADO: santiago manuin valera está vivo pero muy grave, con varias balas en el abdomen, en el hospital de #bagua chica
Sr, Cheput, ¿podría explicar en pocas palabras por qué los nativos perderían "sus" tierras y en que consiste la inconstitucionalidad de los decretos?
A mi hasta ahora me queda claro que los nativos violaron leyes, atentaron contra los derechos de otras personas que no tenían nada que ver con el asunto y por ultimo emboscaron a un grupo de policías, los mataron, les robaron las armas y se fueron a atacar a otros policías.
Esta es la cereza que faltaba, este gobierno ademas de incapaz, corrupto y miserable ahora es ASESINO, estas muertes no quedaran impunes generaran mas violencia en la selva, que capricho de mantener en vigencia unas normas que NO FUERON CONSULTADAS y que solo generan mas muertes y violencia, ALAN-ASESINO.
Oye ORZU tu TV solo sintoniza canal 7 no?????????????
De verdad, como casi la totalidad de peruanos me siento asqueado por la información falsa y parcializada que durante el día brindaron las páginas web de rpp, peru21, el comercio; pero lo que más náuseas me causó fue el hecho que el títere antes premier, yehude simon, en el colmo de la sumisión que muestra a este gobierno demostrando incapacidad cada vez que abre la boca salió a decir que sólo son 03 (tres) nativos fallecidos -asesinados- cuando a claras luces con las imáganes de prensa y versiones in situ de los reporteros locales se confirmaba que los fallecidos son en cifras muchísimo mayores a las 03 que dice el gobierno que hay, que pasó con la conciencia de estos señores que nos gobiernan, creo que ya no la tienen, por otro lado deberían constituirse inmediatamente al lugar de los hechos periodistas internacionales y ong ´s de derechos humanos y corroborar si son ciertas las versiones que señalan que hay más víctimas mortales que no se quieren dar a conocer, esto si amerita una exahustiva investigación.
Es lamentable lo sucedido en el país, gobierno tras gobierno vemos que cuando se trata de reivindicar los derechos cada quien crea su propio escenario en función a sus intereses políticos.
Estos últimos hechos me hacen recordar lo sucedido en Arequipa durante el gobierno de Alejandro Toledo, y mas reciente aun lo sucedido en Moquegua cuando al general Jordán se le acuso de cobarde.
Seamos objetivos y verdaderamente juzguemos los acontecimientos en su verdadera magnitud y en función a los intereses del país, establezcamos un debate sincero y sin pasiones opositoras.
Nadie niega la incompetencia del gobierno en muchos temas y el grado de corrupción en que están inmersos, pero seamos objetivos, analicemos las facciones y los verdaderos móviles que llevan al gobierno y al Sr. Pizango a protagonizar estos lamentables acontecimientos.
Es bastante raro que la bancada nacionalista el día de ayer haya llegado tarde al emiciclo y que hoy estemos lamentando los acontecimientos que todos conocemos.
Los peruanos merecemos una clase política coherente con la realidad del país y no una clase política que cuando es gobierno se vea atacada por la oposición sin otra justificación que ser oposición, eso lamentablemente con el paso de los años y de los gobiernos se viene repitiendo.
Si no somos capaces de defender y manejar nuestro frente interno como vamos a ser capaces de defender el externo.
De todo esto quedan muchas reflexiones que hacer, quien es Pizango y quienes están detrás de el, tiene la suficiente representatividad, que hay de los Apus, o será acaso que solo se trata de un asalariado de las ONGs que comparte ideas con el mandatario Boliviano.
Creo sinceramente que nada se saca haciendo un recuento de los muertos y heridos, con el debido respecto a los deudos, mientras no se asuma una actitud acorde al mandato constitucional (Constitucionalidad de los decretos), se seguirá vulnerando el contenido de la misma y lamentablemente los hechos ocurridos se volverán a repetir.
Finalmente creo sinceramente que la clase política del país está en deuda, el ejecutivo por su incompetencia ya que estos hechos no son recientes justamente por eso recordaba lo sucedido con el gobierno pasado, claro está que cada situación es diferente pero obviamente crea un precedente que enseña.
Hasta ahora nadie responde, no es que vea Canal 7, simplemente busco y busco y no encuentro nada concreto sobre la presunta "maldad" de esos decretos. ¿Alguien se puede dignar a ilustrarme e informarme? o por lo menos me pueden dar un Link que explique las implicancias y las supuestas raterías que se vienen de estos decretos?
Para empezar ¿quién puede creer que en una protesta pacifica la masa de manifestantes estan todos armados con lanzas?
La paranoia se apodera fácilmente de las mentes ignorantes, díganme de una vez por qué los decretos son nefastos y por qué los nativos tienen razón, para así dejar de ser otro ignorante.
Hola, Orzu. Hola a tod@s.
No soy mujer de leyes, pero creo que puedo explicar, en dos o tres entregas, la contradicción entre Decretos, Convenios y Declaraciones varias.
Decreto Legislativo 1089:
Tiene como objetivo hacer que los propietarios de las tierras formalicen la titulación de las mismas. Esta titulación ha de hacerse en 4 años desde la aprobación del decreto en cuestión y debe tener calidad individual. Esto quiere decir, pertenecer a una sola persona, con documentos legales que le acrediten como dueño universal de un grupo de terrenos debidamente demarcados.
Todo este proceso ha de ser asesorado por COFOPRI, organismo que a su vez tendrá a cargo la ejecución de acciones necesarias para actualizar el catastro rural del país.
Ahora bien, la “trampa” podría encontrarse en el Artículo 5, que cito a continuación:
"Artículo 5.- Regularización de poseedores de tierras eriazas habilitadas: Los poseedores de tierras eriazas de propiedad del Estado que hayan habilitado y destinado íntegramente las mismas a alguna actividad agropecuaria con anterioridad al 31 de diciembre del 2004, cuya posesión sea directa, continua, pacífica y pública, podrán solicitar al COFOPRI la regularización de su situación jurídica, mediante el procedimiento de adjudicación directa, previo pago del valor del terreno.
Están excluidos de los alcances del presente artículo los predios que se encuentren comprendidos en procesos de inversión privada y los declarados de interés nacional."
Aquí es necesario tener en cuenta que el Gobierno da por sentado que se trata de una “ocupación”, sea por extensión de fronteras agrícolas, uso de la zona para cacería o extracción de madera, de tierras eriazas (campo, sean prados o bosques, sin trabajo de labranza alguno) que SIEMRE HAN SIDO del Estado.
La “solución” que se propone para esta ocupación es que los campesinos “regularicen su situación” pagando a COFOPRI el valor de tales terrenos.
Más adelante, en las “Disposiciones complementarias finales” de este Decreto, se señala a COFOPRI como el único encargado de determinar propiedades, límites y, de no cumplirse los requisitos adecuados para establecer la titularidad, devolverá la propiedad de tierras al Estado, según Ley:
"Quinta.- A partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo, el COFOPRI o la entidad encargada de la formalización de la propiedad informal asumirá los procedimientos de reversión de predios rústicos adjudicados a título oneroso por el Estado, ocupados por asentamientos humanos, a que se refiere la Ley Nº 28667."
Como podemos observar, el Decreto otorga a COFOPRI la autoridad suficiente para desalojar a quienes actualmente se encuentren viviendo o realicen algún tipo de actividad económica o de supervivencia en territorios “pertenecientes al Estado”.
Hasta aquí, todo parece muy justo, aunque claro, se trata de una aplicación de justicia que, extrapolable a realidades más cercanas a las ciudades, darían poder al Estado de expulsar a todos los habitantes de diversos distritos y Asentamientos Humanos de Lima, pese a haber reivindicado sus derechos de propiedad por tiempo de ocupación, etcétera.
Decreto Legislativo 1020:
Como punto de partida, este decreto tiene como objetivo eliminar la existencia de los minifundios, pues esta división territorial es la que determina el subdesarrollo de la actividad agrícola en el país. Para conseguirlo, promueve la unión de varios minifundistas, sea por venta o formación de cooperativas, de manera que se pueda contar con unidades productivas no menores de 20 hectáreas.
La asistencia durante el proceso estaría a cargo de los Gobiernos Regionales, que además deberán destinar parte de su presupuesto a este fin.
Aquí se da por supuesto que los Gobiernos Regionales cuentan con la voluntad y las capacidades técnicas necesarias para liderar las acciones adecuadas y, además, que todos los campesinos implicados poseen títulos formales de propiedad y son capaces de decidir individualmente sobre el uso de sus tierras.
Análisis:
Si observamos esto desde la habitual postura costeño-citadita, encontraremos que estos decretos son bastante “coherentes”, puesto que buscan regular la propiedad de tierras en la zona rural y mejorar la productividad (por tanto, la calidad de vida) de las familias rurales.
Sin embargo, y aunque nos pese, no todos nuestros compatriotas viven de acuerdo a lo que algunas personas entendemos como “justo”. Hay colectividades enteras que no contemplan ni comprenden la importancia de la propiedad individual dentro de sus modos de vida y es necesario tratar de entender estas realidades sin la soberbia que nos otorga, muchas veces, pertenecer aquello que entendemos por “civilización”.
Afirmo esto sin pretender ser romántica, ni indigenista, ni hacerme la antropóloga pro-derechos humanos caviar y demás calificaciones peyorativas que suelen levantar nuestros líderes capitalistas frente a reclamos como éste. Creo firmemente, además, que esto no es un asunto de “izquierdas contra derechas”, sino una cuestión de simple y llana dignidad.
Defiendo la idea de que para ser un buen estratega y, por tanto, sacar mayor provecho al potencial de nuestro país, hay que conocer profundamente nuestras diversas realidades. La amazonía peruana contiene una larga historia de abusos y crueldad, en pos del desarrollo y el progreso del país.
A mediados del S. XX, por ejemplo, el Gobierno fomentaba la colonización de la selva, a fin de introducir cultivos de Caña de Azúcar, extracción de látex de Shiringa (caucho) y madera. Basta darse una vuelta por la Biblioteca Universitaria de Puerto Maldonado para saber que éste proceso trajo como consecuencia no sólo la sobreexplotación de recursos naturales, sino la esclavitud y exterminio de comunidades nativas enteras. Sí, esclavitud y persecución, por eso mismo la producción de azúcar y aguardiente era tan rentable.
Muchas comunidades nativas en estado de aislamiento voluntario conocen esta parte de su historia. Es decir, no se mantienen “al margen de la civilización” por ser salvajes, ignorantes, etcétera, sino porque han sufrido en sus carnes lo peor de la cultura occidental. El gobierno lo sabe y me resulta estúpido que pretenda convencer a la opinión pública de lo contrario.
Dato curioso: en Madre de Dios, cerca de la frontera con Brasil, hay un pueblito, ex hacienda azucarera, llamado “Iberia”. Caucheros españoles en plena industrialización mundial.
En todo caso, tres detalles importantes que no debemos olvidar para comprender los actos del 5 de junio y todos sus precedentes son:
1. La indiscutible intención del Gobierno de promover la exploración-explotación de yacimientos de gas natural en las áreas habitadas por las comunidades en conflicto. Con los Decretos 1089 y 1020, las autoridades pretenden dejar claro que muchos de los territorios reclamados por sus habitantes (y, curiosamente, declaradas “zonas en protección” por el propio Estado) no les pertenecen formalmente y, por tanto, deben salir de allí como si de un desalojo habitual se tratara.
Debemos tener en cuenta que aquello de “beneficio de todos los peruanos” es una falacia repetitiva en los discursos politiqueros de nuestro Señor Presidente. Para empezar, la mayor parte del gas a extraer se irá al extranjero (y el proceso estará a cargo, claro está, de transnacionales). Luego, ¿cuántos peruanos y peruanas habitamos viviendas debidamente equipadas para abastecernos de este tipo de energía?
Otro error: considerar que todas las personas somos iguales y aspiramos al mismo tipo de desarrollo y progreso, olvidando nuestras particularidades y, sobre todo, pasando por alto de los servicios básicos que sí nos pueden ayudar a consolidar nuestra capacidad de escoger y trabajar mejor (hablo de lo de siempre: alimento, salud y educación).
2. Los precedentes respecto a la inversión extrajera en el país: siempre han generado injusticia, sobre todo entre la población más pobre.
3. Perú ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo y la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas. Estos documentos reconocen a todas las poblaciones indígenas del mundo, y establecen para ellos una serie de obligaciones y derechos, de acuerdo a sus condiciones particulares de supervivencia (a los grandes exterminios colonizadores) y orden cultural.
El Convenio 169 reconoce que existen pueblos que “no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión” a la vez que pide a los Gobiernos recordar “la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales”.
A partir de esta reflexión, se establece una serie de normas que no sólo protegen a las poblaciones indígenas, sino que otorgan a cada Estado herramientas estratégicas adecuadas que, bien utilizadas, deberían conducir a estas comunidades a salir de sus estados de pobreza y alcanzar niveles de vida dignos (aunque diferentes, como debe ser), según sus propios recursos y capacidades.
Quien no se haya dado cuenta de esta riqueza de oportunidades legislativas para potenciar el desarrollo de las comunidades multiculturales del país, ha sido realmente un tonto…
Un tema de vital importancia en el asunto que nos ocupa es el del territorio. Tanto en el Convenio 169 como en la Declaración Universal, se presta atención especial a la propiedad sobre tierras, destacando tres características fundamentales:
- Se habla de territorio. El territorio no sólo se refiere a la extensión en hectáreas de zonas determinadas, sino a todo el contenido de éstas: el ecosistema.
- Se ha de reconocer el lazo que estas poblaciones guardan con las áreas que habitan. Creamos o no la relación espiritual de los indígenas con el territorio (personalmente, soy escéptica), sí es importante tener en cuenta que el estilo de vida de estas personas aún está muy ligada a su entorno natural. En las ciudades, los seres humanos hemos establecido un sistema de “dominio de los elementos”. Sin embargo, y ya que somos tan inteligentes, preparados, cultos, académicos, etcétera, tenemos la obligación de entender que NO TODO TIENE POR QUÉ SER IGUAL y que, de hecho, no lo es.
- Se trata de poblaciones que descienden directamente de quienes habitaban estas zonas antes de la expansión colonial europea y, por dificultades de acceso y desidia de las mayoría de los gobiernos, luego del establecimiento de los Estados-Nación, han continuado su vida de acuerdo a parámetros particulares y, en muchos casos, sufriendo explotación, persecución, expropiación, desprecio y, en fin, mucho daño en general.
En este momento pienso en cuán orgullosos estamos los peruanos y peruanas de Machu Picchu, y la facilidad con que catalogamos de “ignorantes” y observamos por sobre el hombro a los quechuas, descendientes de quienes planificaron, dirigieron y construyeron dicha ciudad monumental...
Para terminar (y esto es completamente personal):
Al hacer este análisis he partido de la certeza jurídica de que todo ser humano nace con los mismos derechos, deberes y posee la misma dignidad ante la ley. Las personas que se autodefinen como indígenas son, sobre todo, ciudadanas y ciudadanos, por tanto, tienen la obligación de cumplir una serie de normas constitucionales, como cualquier otro peruano; y, a su vez, tienen derecho a una buena cobertura de necesidades básicas, acceso equitativo a oportunidades y capacidad para no mostrarse sumisos ante reglamentos que consideren injustos para sí mismos y para sus comunidades.
¿Por qué el Gobierno, inmerso en el sistema neoliberal, no reconoce en este caso el derecho individual a protestar? ¿Por qué llamar a estas acciones “ilegítimas”, cuando no vivimos en una dictadura, bajo un Estado todopoderoso? ¿Por qué el Señor Presidente, cuya responsabilidad es proteger a toda su población y tomar las decisiones más adecuadas, no negoció adecuadamente con estas comunidades hace más de un año, cuando empezaron los problemas, para evitar lo ocurrido el 5 de junio?
Vamos, que es un caso de “negligencia laboral” evidente, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿en verdad el Gobierno ignoraba que esto se estaba cociendo en la selva? Y, ¿en verdad creía que la población se quedaría de brazos cruzados frente a la versión oficial, y no se preocuparía por investigar?
He escuchado que “el Estado no puede mostrarse débil ante la presión de un grupo extremista”, y pienso: ¿Acaso estamos ante un nuevo grupo guerrillero, organizado y armado? No. Y me parece tendencioso y maquiavélico que Alan García y toda su cúpula pretenda hacernos caer en la paranoia de los años 80, cuando el terrorismo y la guerra. ¿Querrá ganarse el favor público promoviendo el miedo?
En todo caso, no puedo condenar las protestas armadas de los indígenas, porque tal vez yo sería capaz de defender con piedras y palos mi casa, si alguien pretendiera desalojarme apelando a leyes que entiendo por injustas y contradictorias, sin haber intentado explicarme antes los motivos de la expulsión.
Las muertes de los policías son lamentables, por supuesto, pero más lamentable es que nos dediquemos a juzgar estos asesinatos de manera particular, sin observar el aparato que sostiene esta cadena de injusticias. Los soldados rasos y los suboficiales siempre han sido carne de cañón, es lo que tiene la institución militar. Son los peones en primera fila, dispuestos a defender al rey, aún si tuvieran que enfrentarse a sus hermanos de raza y sangre. Ellos saben, al entrar a la organización, que correr el riesgo de morir.
Lo duro, lo maligno de todo esto está en las cabezas de quienes no han tenido reparo alguno en permitir que toda esta situación llegue a provocar un enfrentamiento entre compatriotas, para satisfacer dudosos intereses nacionales (es que el gas es de todos los peruanos, ¿verdad?).
El día que algún joven heredero Simon, García, Mariátegui, Diez o Brack se aliste en la escuela de suboficiales del Ejército Peruano, retiraré lo dicho.
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