En varias oportunidades hemos mencionado que la denominada Ley de la Selva no sólo iba en contra de las tendencias de preservación de suelos y del habitat de diversas etnias sino que eran una provocación y un abuso del gobierno con las comunidades indígenas. La noticia de su levantamiento da la vuelta al mundo y este les dará la razón, verán que sí. Mientras tanto el gobierno, luego de cometer semejante error dice que no habría problema de revisar el texto de la ley que perjudica a las comunidades selváticas. A continuación la noticia tal como la presenta la prensa mundial:
LA EXPLOTACIÓN PETROLÍFERA AMENAZA SU MODO DE VIDALos indígenas bloquean varias vías en la selva peruana en defensa de sus tierras
Varios indígenas rodean las instalaciones de un oleoducto peruano. LIMA.- Los indígenas de la amazonía peruana han intensificado sus protestas con el bloqueo de vías y amenazas de toma de instalaciones petroleras, para exigir la derogación de una serie de normas que, supuestamente, desconoce sus derechos a la tierra para favorecer a las transnacionales.
Centenares de vehículos se encuentran atrapados debido a que nativos en "pie de lucha" desde el pasado día 9 han interrumpido en las últimas horas la carretera Fernando Belaunde Terry, en el departamento de Amazonas, 1.000 kilómetros al noroeste de Lima, impidiendo el paso a la costa.
Los indígenas de las etnias aguaruna y huambisa, con flechas y lanzas, cerraron la vía a la altura del puente colgante 24 de Julio, conocido como puente Corral Quemado, donde se encuentran retenidos varios vehículos de pasajeros y carga.
Retenciones y desabastecimiento
La medida ha comenzado a generar un desabastecimiento de alimentos en la zona y malestar entre los viajeros por no poder continuar la ruta, según la emisora de radio RPP.
Una situación similar ocurre en el departamento andino del Cusco, 1.170 kilómetros al sureste de Lima, donde los indígenas del Alto, Medio y Bajo Urubamba bloquean las vías de acceso a la provincia de La Convención.
Representantes de 65 etnias de la Amazonía peruana piden la derogación de unas 38 leyes por considerar que violan sus derechos a la propiedad de la tierra y exigen conversar con el presidente Alan García, tras romper el diálogo con una comisión del gobierno.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) considera que dichas normas permiten la venta indiscriminada de tierras en la Amazonía y atenta contra su modo de vida, así como amenazas al ambiente a través de la exploración y explotación de hidrocarburos.
Consideran que el gobierno, al permitir la exploración en sus territorios sin el consentimiento de las comunidades nativas, comete una violación de sus derechos y pone en riesgo a los aborígenes, que carecen de inmunidad frente a las enfermedades de los extranjeros.
Alberto Pizango, presidente de la Aidesep, sostuvo que los cuestionados 38 decretos legislativos son para implementar un Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos que los nativos rechazan y que supuestamente entregaría las tierras de los aborígenes a empresas multinacionales.
Los indígenas mantienen tomado desde el lunes una central hidroeléctrica y dos unidades de extracción de petróleo de la estatal Petroperú, ambas en el norte del país, y también ocuparon dos pozos de extracción de gas en Cusco, en el sur.
El ministro del Interior Luis Alva Castro argumentó que el fracaso del diálogo se habría debido a que presuntos "infiltrados" estarían asesorando mal a los nativos y aseguró que en las zonas donde hay movilizaciones se vive un clima de tranquilidad, pero con presencia policial.
El opositor Partido Nacionalista Peruano (PNP), en tanto, considera "lesivas" las polémicas normas dictadas por el Ejecutivo por afectar "los derechos de propiedad de la población nativa y campesina", además de "atentar" contra el derecho ancestral de las comunidades involucradas.
En ese sentido, el PNP señaló que el gobierno de García "con el pretexto de la implementación del TLC" ha dictado leyes "destinadas a favores intereses transnacionales", amparado en las facultades legislativas otorgadas por el Congreso, controlado por el oficialismo.
Tomado del diario El Mundo de España
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