Funcionarios de Municipalidad de Barranco serán denunciados

Un grupo de diez funcionarios de la Municipalidad de Barranco serán denunciados por otorgar licencias irregulares para la construcción de edificios en los acantilados de la Costa Verde. La denuncia debe ser penal, pues por la gravedad de los hechos, estos malos funcionarios deben ir a la cárcel.

Barranco sufre desde hace 40 años de una seguidilla de pésimos alcaldes. Ya en los años se vio al distrito de Barranco como una buena forma de "enriquecer la vida" a costa del bienestar y la belleza del distrito.

Fue así que la mas hermosa vista al mar del Grau fue mutilada por la aparición de edificios en el acantilado. Un ejemplo de estas agresiones es el edificio de departamentos que se construyó sobre lo que fue la casa de Fernando de Szyslo: la belleza y la estética propias del artista no interesaron al momento de construir el edificio que luego dio el mal ejemplo.

En los últimos días, sin ningún criterio de desarrollo urbano, se ha permitido que se construyan esas agresiones contra el buen gusto y la seguridad ciudadana que son los edificios sobre el acantilado. No se trata solo de moles de muy mal gusto sino de reales atentados contra la seguridad de miles de personas. Peritos del Colegio de Ingenieros han indicado que estas edificaciones debilitan el equilibrio de fuerzas existente en las capas del acantilado sin embargo se ha seguido construyendo. La saturación de vehículos no importa, que los barrancos se derrumben contra miles de autos en la Costa Verde tampoco, mucho menos interesa -en un país que cada vez se degrada más en términos culturales- que los acantilados sean una zona protegida por el Instituto Nacional de Cultura, un INC que no sabe defender su patrimonio cultural.

Debería darse una vuelta por Barranco para que vea las monstruosidades que se están construyendo, apiñadas, en la zona del Malecón. No sólo Barranco ya sufre por la destrucción de su hermosísima Laguna ni por las moles huachafas y antitécnicas de un mal diseñado Metropolitano sino también por las agresiones al buen gusto, a la seguridad y al patrimonio natural del país que son los acantilados de la Costa Verde en la zona barranquina. La tranquilidad del Puente de los Suspiros con su legendaria vista a la Bajada de los Baños ya no existe. Escuchar el susurro de las hojas al viento o el canto de los pájaros es cosa del pasado. Mas paz puede encontrar usted en la calle de las Pizzas o en Larco Mar.

10 funcionarios encabezados por Miguel Neumann serán denunciados. Nos parece correcto. Esperamos que sean debidamente juzgados y finalmente condenados por el perjuicio causado. Como consecuencia de ello los edificios así construidos deberán ser demolidos. Esa sería la consecuencia en un país civilizado de un juicio que condene a corruptos que, por busca de su propio bienestar, perjudican a todo un país. Sí, un país. Porque en el Perú, Barranco es uno de sus distritos más hermosos y así debe preservarse para las futuras generaciones.

Reproducimos a continuación el artículo completo aparecido en el diario El Comercio:

DENUNCIARAN A 10 FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE BARRANCO

Barranco es un distrito que viene sufriendo serias transformaciones debido a decisiones municipales cuestionadas, hechas a espaldas de sus vecinos. El último capítulo de estas modificaciones se ha escrito en el acantilado, frente a la playa Los Yuyos, donde funcionarios de la Municipalidad de Barranco dieron autorización para construir enormes edificios en desmedro de la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV), que es el ente que administra estos terrenos por ser de zonificación paisajística.

La Ordenanza 750 de la Municipalidad de Lima señala que las autorizaciones emitidas por las municipalidades ribereñas solo son válidas tras el visto bueno de la APCV. Pero esto no ha ocurrido en al menos cuatro proyectos inmobiliarios del acantilado que han sido materia de queja vecinal en los últimos meses; tres de los cuales, ubicados en las calles 28 de Julio, Bresciani y el Malecón Pazos, ya han sido edificados; y el último, en Mariscal Castilla, se encuentra en ejecución.

La modalidad empleada fue la misma: 1) Se pidió autorización para una determinada cantidad de sótanos que al final se convirtieron en departamentos, previa voladura de cerro, a fin de tener vista al mar, y se violó la prohibición de edificar más de 14 metros de alto, pues estas moles duplican el tamaño. 2) Los permisos finales para avalar estas edificaciones se obtuvieron apelando al silencio administrativo, es decir, curiosamente los funcionarios de la Municipalidad de Barranco olvidaron responder a tiempo el trámite que presentaron estas cuatro inmobiliarias, por lo que, de acuerdo con la Ley 271444, se da por entendido que no había problemas con la construcción y se consigue la aprobación edilicia.

Curioso que se den estas negligencias en una zona donde el metro cuadrado vale US$1.500.

“En los condominios Bresciani y 28 de Julio, la licencia de obra fue aprobada por el alcalde anterior, el 2006, pero la conformidad de obra sí se entregó el año pasado. Es que los funcionarios no informaron a tiempo, pese a que las constructoras modificaron los planos para levantar más pisos. Eso debió observarse y detenerse, pero no se hizo a tiempo, por eso se ha retirado a este personal y se les abrirá proceso”, explica Andrés Navarro, gerente de Desarrollo de la Ciudad de Barranco.

CULPAS Y PENALIDADES
Hay diez ex funcionarios en la mira, pero el principal involucrado es el ahora ex gerente municipal Miguel Neumann Valenzuela. Él no solo habría pecado por inacción, sino que suscribió dos certificados de finalización de obra para el condominio Bresciani (necesario para registrar y vender el predio), a fin de reducir, en el papel, el área real construida.

Según el asesor legal del concejo barranquino, Nazario Tintaya, se ha anulado este documento y se hará lo mismo con el permiso que dieron para el derecho de vista al acantilado; además se iniciarán acciones administrativas y penales contra Neumann por usurpación y omisión de funciones y contra la fe pública.

Andrés Navarro dice que tras enterarse, en mayo del 2009, que se emitió este irregular certificado de finalización de obra, intentaron revertir la ilegalidad, pero ese esfuerzo resulta tardío si se tiene en cuenta que la APCV emitió desde el 2007 oficios al alcalde Mezarina y a los gerentes municipales, exhortándolos a detener los destrozos en el acantilado.

En tanto, Gustavo Ehni, de la inmobiliaria Ehni Vallejo que levantó el edificio de la calle Bresciani, asegura que cumplieron los requisitos del concejo.

En el condominio Mariscal Castilla, la licencia de inicio de obra sí se emitió en febrero del 2009, en la actual gestión, pero Navarro culpa de ello a la representante del INC Dina Aguilar Benites, quien integró la comisión evaluadora de proyectos que aprobó los planos. “Ella debió advertir que esta zona del acantilado está protegida”, dijo. Sin embargo, el visto bueno final lo dieron los funcionarios de Barranco, pues estos recibieron el proyecto subsanado y lo encarpetaron hasta que se cumplió el plazo de respuesta y se le aprobó por silencio administrativo. Por ello, en esta calle se volará el cerro para enclavar allí siete departamentos. Tratamos de hallar a Gustavo Rizo, de la Inmobiliaria Gerencia RP, a cargo del proyecto, pero no fue posible.

En este caso se abrirá proceso administrativo a quien emitió el informe para que se concreten los silencios positivos, el subgerente de obras Luis Cisneros Monja y la asesora jurídica Esther Narváez, quien no revisó la documentación que firmaba.

¿Y LA APCV?
Finalmente, en la obra del Malecón Pazos, proyecto denominado Infinity Barranco, los permisos para la portentosa edificación se dieron el 2008, pero fue un documento aprobado por silencio positivo, y con anuencia del entonces gerente de Desarrollo de la Ciudad, Alfred Silva, el que le dio luz verde definitiva. Este hecho también está siendo evaluado por asesoría jurídica.

La APCV ha denunciado penalmente a los funcionarios barranquinos. Los múltiples escritos que este organismo les envió para evitarlo no tuvieron eco. Augusto Ortiz de Zevallos, consultor de la APCV, lamentó que esta no tenga mayores facultades. “Es como un árbitro sin pito porque el derecho inicial sobre el terreno lo tienen los concejos, y son los mismos alcaldes quienes conforman la APCV, pero hacen lo que quieren. En el acantilado se está demoliendo el paisaje priorizando el lucro”, sostuvo.

SEPA MÁS
La mayoría de departamentos de los edificios de las calles Bresciani y 28 de Julio ya se encuentran habitados.

Javier Alvarado, presidente de la Junta Vecinal Av. Grau, y el representante vecinal Rafael Otero enviaron oficios a la municipalidad y a la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV) para frenar las obras, sin éxito.

La procuraduría del concejo barranquino ya cuenta con la sustentación de las denuncias penales contra sus ex funcionarios y la elevará al Poder Judicial la próxima semana. En tanto, la denuncia que interpuso la APCV contra el Concejo de Barranco se encuentra en la Fiscalía Penal 13 de Lima.

El mismo gerente de Desarrollo de la Ciudad de Barranco, Andrés Navarro, suscribió un certificado de finalización de obra para uno de estos proyectos, pero ya fue declarado nulo.