Declaraciones explosivas de Giselle Gianotti en El Comercio

Giselle Gianotti brindó declaraciones al diario El Comercio hace unas semanas, lo cual le da un margen de credibilidad muy alto pues aún no se sabía de las movidas de altos personeros apristas para manipular y entorpecer el proceso.

Las declaraciones son en realidad explosivas. En ellas denuncia la intervención de Jorge del Castillo, de su hijo Miguel del Castillo, de Hernán Garrido Lecca, del fiscal Mateo Castañeda y del Director de la Policía Nacional del Perú Gral. Miguel Hidalgo.

Denuncia, por ejemplo, que Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca la contactaron, a través de la fiscalía, para que culpe a altos directivos de PETROTECH, Alberto Varillas y William Kallop, es decir una falta de escrúpulos sin nombre, que a cambio de seguir gozando de impunidad no duda en culpar a personas que no tienen que ver con los hechos delictivos sino que más bien son víctimas de él.

Según Giselle Gianotti el ex premier del Castillo le pidió a su esposo que contratara a su hijo Miguel del Castillo y al periodista Luis Alfonso Morey, para "limpiar su imagen", claro, a cambio de dinero, es decir la práctica de la mermepolítica. Por este trabajo, el esposo de la señora Gianotti le habría hecho un desembolso al ex premier. La ética por los suelos.

Otra situación muy grave es la insinuación que habría hecho el General Hidalgo en el sentido que culpe a los altos directivos de PETROTECH. Es decir, el más alto funcionario de la PNP no busca la verdad sino su distorsión, por causales políticos. Es lamentable leer como el Fiscal Mateo Castañeda se habría presentado con una contraseña para ser identificado por la implicada Gianotti. La desinstitucionalización del país tiene en estos gestos íconos vergonzosos y emblemáticos.

Pero también es lamentable escuchar las declaraciones de la Ministra Nidia Vílchez sobre este caso, declaraciones que da antes de conocerse esta entrevista. Llama a la señora Gianotti como la "Pinchi Pinchi" de estos días. Bueno, la señora Vílchez debe saber que gracias a la colaboradora eficaz Matilde Pinchi Pinchi la red de corrupción de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori está siendo procesada y condenada cuando así se amerite. Lo que debería hacer la ministra Vílchez es solicitar una Fiscalía Ad Hoc y una comisión de investigación en el Congreso en manos de la oposición. Si los representantes del APRA van a imitar al fujimontesinismo descalificando simplonamente a Giselle Gianotti tal como antes se hizo con Matilde Pinchi Pinchi, pues es un síntoma de acorralamiento y que no tienen argumentos sólidos.

La entrevista de Giselle Gianotti al diario El Comercio a continuación:

GISELLE GIANNOTTI ABRE CAJA DE PANDORA DEL “CHUPONEO”

"Policía y fiscalía me pidieron incriminar a Petro-Tech"
Dijo que Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca la contactaron para que “colabore” con las investigaciones. Ambos le enviaron como enlace al fiscal Castañeda, quien le pidió acusar a Kallop y Varillas, entonces clientes de BTR. Sostuvo que hijo de Del Castillo se ofreció a “limpiarle” la imagen en algunos medios a cambio de dinero

Por: Miguel Ramírez / Óscar Castilla*
Miércoles 14 de Abril del 2010

La ex analista de Business Track (BTR) Giselle Giannotti brindó una entrevista grabada y filmada por El Comercio varias semanas antes de que surgieran las confusas versiones sobre la pérdida y manipulación de los archivos de sus unidades USB. Entonces, y a sabiendas de las irregularidades, ella pidió que la entrevista no se publicara hasta que concluyera la reserva de la indagación judicial. Hoy, cuando su verdad se desborda y la instrucción ha finalizado, este Diario publica el resumen de las tres horas de entrevista con el personaje que provocó un cisma en el Poder Judicial, el Ministerio Público y la policía y quien está procesada en el caso más grande de “chuponeo” industrial en la historia del país.

Sus declaraciones, que no revelan quién financió este espionaje, marcan un capítulo aparte en la historia que empezó con la difusión de los “petroaudios” en el 2008 y que continuó con la captura de los ex integrantes de BTR en el 2009. Pero más allá de eso, y luego de las pesquisas hechas por este Diario, las revelaciones de Giannotti suponen una grave acusación contra dos pesos pesados del Apra, así como contra algunos personajes de su entorno, del Ministerio Público y de la policía. A continuación sus declaraciones:

¿Usted fue detenida el jueves 8 de enero del 2009?
Fui arrestada por unos 16 policías. La intervención, al mando del comandante Raúl del Castillo, empezó a las 10:30 a.m. de aquel jueves y acabó a las 3:00 de la madrugada del viernes 9 de enero. Luego me trasladaron a la Dirandro. Unos días después, el comandante Del Castillo llegó con un diario y me dijo que Martín Fernández Virhuez [otro de los detenidos de BTR] se había acogido a la confesión sincera y había dicho que yo sabía todo del “chuponeo”. Pero era falso, Fernández no había dicho eso.

¿Qué ocurrió luego?
Uno de mis hermanos me visitó y me comentó que iba a venir a buscarme el fiscal Mateo Castañeda [coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado]. “Él te va a decir una frase clave para que sepas que viene de parte de una persona que nos está ayudando”, me dijo. La frase que Castañeda iba a utilizar era “por Dios y por la patria”. Luego me olvidé de eso ya que llegó el comandante Del Castillo y me indicó que el coronel Carlos Morán [jefe del equipo especial de Dirandro] quería verme. Cuando lo encontré, Morán me dijo que quería saber quién pagó por el “chuponeo”. Le contesté que no sabía. “Bueno, piénselo porque se la acusa por asociación ilícita y eso es cárcel efectiva”, me advirtió.

¿Cuando esto ocurrió usted aún no brindaba su manifestación?
Recién el martes 13 y el jueves 15 de enero rendí mi declaración. En ese lapso, me llamó el general Miguel Hidalgo [entonces jefe de Dirandro]. Fue una de las cinco reuniones que sostuvimos en total. Me dijo todo educado: “Señora, nosotros necesitamos un responsable [del “chuponeo”] y tenemos razones para acusar a Petro-Tech y a los señores Alberto Varillas y William Kallop [ambos altos funcionarios de dicha empresa petrolera]. Ya Fernández Virhuez ha dicho que ellos contrataron a BTR a través del estudio de abogados García Sayán”. Yo le dije que el contacto con el estudio García Sayán era yo y que yo no sabía nada de eso.

¿Fue insistente?
Hidalgo y Morán se mostraron insistentes. Después de eso, Hidalgo me dijo: “Vamos a darle un día para que piense. Vamos a mandarla a su casa para que se bañe en la piscina, se reencuentre con su familia y piense en la propuesta. Necesitamos un culpable, si colabora, recupera su libertad”.

¿Hidalgo le dijo eso?
Sí, pero Morán me habló sobre la colaboración eficaz. Me pidió que lo medite en mi casa y que al final del día podíamos conversar. “Si acepta se saca la asociación ilícita del atestado”, afirmó. Yo acepté la invitación de ir a mi casa.

¿Y la regresaron a su casa?
Sí, me llevaron a mi casa. Con mis abogados pensamos en alguna solución y entendimos que una cosa era que yo apareciera en el atestado y otra que el fiscal me denunciara. En eso estábamos cuando el padre de mis hijos me recordó que el fiscal Castañeda iba a visitarme.

¿Qué hace el fiscal Mateo Castañeda en esta historia?
Lo que sé es que el padre de mis hijos fue llamado por esos días por Hernán Garrido Lecca [ex ministro aprista] y por Jorge del Castillo [ex primer ministro]. Este último le había pedido que contrate a su hijo Miguel del Castillo y a Luis Alfonso Morey [ambos trabajaron en el relanzamiento de Canal 11] para que ellos realizaran una campaña de medios para lavar mi imagen. Incluso el padre de mis hijos les pagó una cantidad de dinero por eso. Entonces, tanto Garrido Lecca como Del Castillo le dijeron que el tema iba a caminar bien, juraron que yo iba a salir libre de esa situación y que el fiscal Castañeda iba a visitarme con la famosa frase clave.

¿Y esto ocurrió en realidad?
Cuando finalmente llegó Castañeda, el comandante Del Castillo me dijo: “Increíble, qué importante eres. Mateo nunca ha venido por acá”. Entonces subí y lo encontré junto con el fiscal Walter Milla [encargado del caso de interceptación de BTR]. Castañeda me dijo literalmente: “Señora, soy el fiscal superior Mateo Castañeda. Por Dios y por la patria le pido que diga toda la verdad”. Yo le pedí la presencia de mi abogado. Entonces me dijo: “Nosotros necesitamos un culpable, vamos a perder recursos y tiempo pero ya sabemos que los responsables son Kallop, Varillas y Petro-Tech. Ya tenemos el dicho de Fernández, pero necesitamos que otra persona lo confirme para poder levantar cargos contra ellos”.

¿Usted qué respondió?
“Fíjese, le dije, yo tuve una pésima relación con el señor Varillas del estudio García Sayán. El estudio tenía dos ramas. Él, Varillas, era de la parte que no me quería, pero a mí me contrató la otra parte y aun así yo no lo podía acusar. Pero también es cierto que he visto cosas raras por los contactos que ellos tenían con marinos y con tal y con cual, pero no sé más”. En ese momento, Castañeda me dijo: “Tenemos un trato, nosotros le damos su código, usted hace las sindicaciones y firma”. Repetí que no iba a culpar a Petro-Tech. Además yo era el contacto de BTR con ellos, pero no con Kallop ni Varillas, sino con un subalterno. Por si fuera poco, ellos no acabaron de pagar mis facturas y terminé peleada a muerte con ellos.

¿En qué quedaron finalmente?
Me bajaron de nuevo, hasta que llegó mi abogado y volví a subir con él. Entonces estábamos los cuatro, con Castañeda y Milla. Ellos volvieron a repetir que solo iban a poner una parte de mi declaración. Le dijimos que debían quitar el delito de asociación ilícita. Ellos aceptaron. Así quedamos, pero yo no iba a culpar a Petro-Tech. Horas después vino el comandante Del Castillo y me dijo: “Parece que se va a su casa”.

¿Pero no volvió a su casa?
Al día siguiente de aquella reunión yo tenía una diligencia en el Poder Judicial porque había pedido la variación del mandato de detención. En esas circunstancias estaba cuando me encontré con el fiscal Milla, que fue el que solicitó mi detención. Este, delante de mi hermano y de mi abogado, me dijo: “Por gusto me hace venir, señora. Me hace perder el tiempo. Quédese tranquila, el viernes se va a su casa”. Yo le respondí que me quería ir antes. Ojo que hasta entonces solo había un acuerdo verbal con la fiscalía.

¿Qué ocurrió con su acuerdo?
El jueves 15 de enero viene una persona de mi confianza y me dice: “Señora, la van a freír”. En ese momento pedí conversar con Castañeda y con Hidalgo, pero nadie me contestó. Mi teoría es que no les gustó el nombre de la persona que yo pienso que sería responsable de la interceptación. [Por cuestiones de seguridad Giannotti pidió que este Diario no revelara dicha información]. Ese mismo día, el fiscal Milla fue a la Dirandro en la noche y me dijo: “Usted tiene que echarle la culpa a Petro-Tech y a Kallop”.

¿Una especie de ultimátum?
Una especie no, me dio un ultimátum. Milla me dijo: “¿Está segura?”. Yo le dije: “Completamente”. Al día siguiente me llevaron a la carceleta, pues el juez ordenó mi detención. Si hubiera hecho lo contrario estaría procesada, pero sin el delito de asociación ilícita y no hubiese ido a prisión.

Son acusaciones muy graves…
Olvidé decir que la policía estaba desesperada, luego de las incautaciones, por encontrar las grabaciones de la suite del hotel Country, en donde Fortunato Canaán recibió a la plana mayor del Gobierno, a casi todos los políticos apristas. Creo que el único que no desfiló por allí fue el presidente Alan García.

¿Quién se lo preguntó?
Todos en Dirandro preguntaban. Hidalgo, Morán y Del Castillo. También querían saber en dónde buscar. Después preguntaron por los archivos “La rana de los caballos” y “Coco López”.

¿La Dirandro sabía de la existencia de esos archivos?
Ni yo sabía que existían esos audios, solo había visto unas transcripciones al respecto.

¿Ya en el penal o en la clínica recibió la visita de extraños?
Sí, cuando me encontraba en el pabellón de infectocontagiosos del hospital Loayza, a fines de julio o inicios de agosto del 2009, llegó Milla. Él se presentó como tal, disfrazado con una máscara de las que usan los médicos, y me dijo: “Señora, si usted dice que Petro-Tech pagó la operación, mañana mismo se va a su casa”. Yo le respondí con groserías.

¿En medio de la búsqueda policial, a usted ya le habían incautado tres computadoras y cuatro USB con audios y correos del Caso “Petroaudios” y de otros?
Así es.

Hablemos sobre los cuatro USB. ¿Qué características tenían?
Los cuatro USB que me incautó la policía el 8 de enero del 2009 en mi cocina, y no en una caja fuerte como dicen algunos, son dos de color plomo de marca Memorex de 4 GB de capacidad cada uno, así como dos amarillos de marca Boston Technologies de 1 y 2 GB de capacidad, respectivamente. Además, tres computadoras que corrían en Linux.

¿Qué archivos había dentro de esos cuatro USB originales?
Audios, correos de muchas personas, políticos, empresas. Decenas de carpetas con cientos de archivos del caso de los “petroaudios” y de los asuntos de Canaán.

¿Especifique qué archivos?
En esos USB había cuatro carpetas referidas a los “petroaudios”, los aranceles del cemento, hospitales y el Banco Azteca, entre otros. En las carpetas de petróleo estaba Del Castillo y en las otras Garrido Lecca. También había audios sobre los patrulleros del Ministerio del Interior y de Luis Alva Castro. En otros casos se mencionaba a Luis Nava [el secretario del presidente Alan García]. Además existían correos, documentos escaneados, transcripciones y power point.

¿Escuchó algún audio de Del Castillo con León y Canaán?
En mi condición de analista sí llegué a escuchar un audio entre Del Castillo, León y Canaán, pero no quisiera referirme al tema de fondo. Lo que sí puedo decir es que no he oído ningún audio sobre las suites del hotel Country.

¿De qué trataban esos audios?
Para mencionar uno, en la carpeta de hospitales había un audio de León que le decía a Garrido Lecca que le estaba dando órdenes a un señor Sifuentes, que habría sido director de infraestructura del Ministerio de Vivienda. Le decía que tratara directamente con ellos para coordinar unas bases. Es decir, ponían a su disposición a este personaje para que los alimentara de información sobre las bases y así ganar la licitación.

¿Cuándo fue la última vez que vio sus cuatro USB originales y sus tres computadoras?
En mi casa, el día de la intervención, y luego en la Dirandro.

¿Y cuando pasó a la fiscalía y al juzgado como detenida?
No los volví a ver hasta el 13 de mayo del 2009, cuatro meses después de mi detención, cuando en el juzgado se realizó el deslacrado. Allí me doy cuenta de que los cuatro USB que estaban allí no eran míos. Entonces mis abogados presentaron una tacha.

¿Qué ocurrió aquella fecha?
Ese día mis abogados le dicen a la jueza que dos de mis tres computadoras tienen el lacrado cortado de arriba hacia abajo de manera simétrica. Es decir, no se rompieron por manipulación, sino que fueron cortados con tijera. Esta irregularidad no permitía garantizar que los discos duros y su contenido no hubieran sido alterados. Tampoco les pasaron el Encase Forensic, que es un programa que permite asignarle un número único e inalterable a un soporte informático para evitar cualquier cambio posterior, y por lo tanto no tenían ningún código hash que permitiera contrastar la información que hay dentro de las computadoras. En ese momento la jueza dijo textualmente: “En ese estado los recibí yo”.

¿Hubo otras irregularidades?
En la etapa policial se incautaron mis tres computadoras. Todas corrían en Linux y ahora increíblemente corren en Windows. Una de ellas tiene el lacrado cortado y las otras fueron manipuladas y su información cambiada. Por ejemplo, a través del Encase detectamos que la última visualización de una de mis computadoras fue el 8 de enero del 2009 a las 8:00 p.m. Eso es imposible porque yo estaba detenida.

¿Y sus cuatro USB?
Vamos por el principio. Durante la investigación policial yo tenía un equipo de Dirandro para ver mi caso. En todo ese tiempo pudieron haber visto todo el material que se me incautó. Sin embargo, no lo hicieron. La policía le asignó código hash solo a los dos USB amarillos Boston Technologies, los otros dos USB plomos Memorex los visualizaron sin pasarlos por el Encase.

¿Qué pasó con sus dos USB de 2 GB y 1 GB de capacidad?
Ahora son dos USB, pero de 2 GB cada uno y no tienen el mismo contenido. Aparecen nombres de carpetas que no había en los USB que me incautaron.

¿Ha visto el contenido actual de esos USB amarillos?
No, porque mis abogados no le aceptaron a la jueza iniciar la visualización. ¿Qué pasa si ahora encuentran un correo mío con Bin Laden? El perito ha dicho en su informe que mis USB originales no llegaron al Poder Judicial. Allí es donde el Ministerio Público salta hasta el techo.

¿Y qué pasó con los dos USB Memorex de 4 GB?
Están en blanco. El cambiazo lo hicieron con fórceps. Por eso no le pasaron el Encase.

¿Y los ha revisado ahora?
No, porque no se han visualizado en el juzgado, pero en las propiedades se ve que están vacíos, “empty”, cero, nada.

¿Los USB se manipularon mientras estuvieron en la Dirandro?
Pero por supuesto.

¿Pero usted cometió un error , por qué no pidió que le pasaran el Encase a sus objetos?
Ahora, en vista de los hechos, lo sé, pero entonces tenga en cuenta que era la primera vez en mi vida que yo estaba detenida, incomunicada, y no conocía el procedimiento. Además, no tenía por qué pensar mal. Ahora a mí me da risa cuando salen a decir que van a recuperar los archivos de mis cuatro USB. ¿Cómo van a recuperar el contenido si los USB son otros? Acaso son magos. La copia espejo del Ministerio Público tampoco sirve porque ellos se la quedaron por varios meses y la invalidaron como prueba. Ahora yo me pregunto: ¿Esa copia espejo de qué reflejo es, si los archivos originales ya no están porque los USB fueron manipulados?

Ha pasado casi un año desde que se descubrió todo esto…
Lo justo hubiera sido que en ese momento se verificara todo. No entiendo por qué si desde mayo del 2009 había sospechas de que mis cosas fueron manipuladas, me mantuvieron presa hasta diciembre del año pasado. A las autoridades no les dio la gana de ver mis cosas. Quizá pensaron que me pudriría en la cárcel o que terminaba muerta.

Le piden pruebas de lo que ella dice
“Las imputaciones que me hace Giselle Giannotti son falsas. ¿Qué autoridad tendría yo para dirigir al general Miguel Hidalgo y a los fiscales?”, dijo el congresista Jorge del Castillo. Negó que durante las investigaciones se hubiese reunido o conversado con Hernán Garrido Lecca para tratar este tema.

Cuando se le preguntó si era cierto que su hijo, Miguel del Castillo, había pedido una suma de dinero a un familiar de Giannotti a cambio de hacerle una campaña para “limpiar” su imagen, el parlamentario negó la sindicación. “Mi hijo ni la conoce, no conoce a nadie de esa familia”, sostuvo. Del Castillo reconoció que se reunió con el empresario Fortunato Canaán en la suite que este tenía en el hotel Country Club. ¿De qué hablaban?, le preguntamos. El congresista respondió: “De política, de hospitales y de otras cosas más, pero nunca de negocios ilícitos”.

Miguel del Castillo, por su parte, negó la acusación de Giannotti. “No la conozco. La imagen de esa señora estaba tan deteriorada que yo no iba a poder hacer nada”, dijo. Garrido Lecca no contestó las llamadas que le hicimos. El general Miguel Hidalgo y el coronel Carlos Morán dijeron que las acusaciones en su contra eran falsas y que Giannotti quería desprestigiarlos. “Solo una vez la vi. Jamás la presioné para nada”, dijo Hidalgo. “Quieren manchar la gran investigación que hicimos”, afirmó Morán.

Los fiscales Mateo Castañeda y Walter Milla negaron rotundamente los dichos de Giannotti y le pidieron pruebas de sus denuncias. Castañeda además negó haber sido enviado a presionarla y dijo que era un psicosocial.

MÁS DATOS
¿Y la fiscal de la Nación?
La fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, no habría estado informada sobre el presunto accionar de los fiscales Mateo Castañeda y Walter Milla, según denuncia de Giannotti.

¿Qué dirá Javier Villa Stein?
En las próximas horas se espera un pronunciamiento público del Poder Judicial sobre las graves irregularidades detectadas en el proceso por “chuponeo”.

(*) Unidad de investigación de El Comercio