Perú: Financiamiento de Partidos Políticos y Narcotráfico

A raíz de una propuesta del Jefe de Devida, Rómulo Pizarro, respecto a que los partidos políticos se deben comprometer a un pacto ético contra el narcotráfico, se ha iniciado un intercambio de opiniones que, desde mi punto de vista, presenta grandes vacíos.

Más allá de la autoridad moral de Rómulo Pizarro al reclamar un pacto ético, es necesario precisar que éste de por sí es inútil, cuando no pintoresco, pues mas allá de su efecto mediático no dará ningún tipo de resultados. La razón es simple. Los pactos son meros pronunciamientos de buenas intenciones sin resultados prácticos. Si no lo cree, pues solucionemos el país con pactos, contra la corrupción, contra el terrorismo, contra los tránsfugas. Empecemos por ello.

Por otra parte hay grandes diferencias entre terrorismo y narcotráfico. El terrorismo es antisistema por definición. Se enfrenta de manera abierta contra el régimen democrático y sus actores, defensores o promotores. Un político demócrata es enemigo del terrorismo. También los policías y los ciudadanos que creen en el régimen. Cuando terrorismo, el enemigo está identificado.

El narcotráfico es distinto. El narcotráfico penetra el tejido institucional del régimen democrático. Contamina de manera invisible a sus actores. Tiene aliados, voluntarios o forzados, en políticos, empresarios, sacerdotes, policías, ciudadanos, en todo aquel que sea un individuo débil que ceda en su voluntad. El narcotráfico por tanto es más difícil de combatir porque está presente en el Estado. Lo ha infectado. Y la infección es difícil de detectar.

La combinación narcotráfico - terrorismo por tanto es más complicada en su combate. Logran una sinergia que dificulta el hacerle frente. El terrorismo funge de brazo armado de los delincuentes narcotraficantes y le dan una máscara política a lo que es simplemente un vulgar acto delincuencial. Su unión es un estadio superior que debe servir de evidencia del deterioro al que está expuesto un país. Su presencia en el Perú es nefasta y por tanto debe ser combatida de manera realista y profesional.

Por ello medidas como el pacto de partidos políticos contra el narcotráfico no pasa de ser una medida de carácter mediático, cuya vigencia será equivalente a la de la noticia en un periódico, es decir ínfima. Se requiere de otro tipo de medidas, que están al alcance de la mano y aún no se han mencionado.

Por ejemplo. Se habla mucho del papel de los partidos políticos en la lucha contra el avance del narcoterrorismo. Se reclama que tengan presencia en las zonas del conflicto como el VRAE. También se dice que el dinero del narcotráfico puede erosionar las estructuras político-partidarias y estoy seguro que es así. El advenimiento de una próxima campaña electoral debe ponernos en alerta sobre este tema.

Siendo así evaluemos lo siguiente ¿Cuánto daño ha hecho el presidente Alan García al impedir el financiamiento de los partidos políticos? Con su actitud, irreflexiva y coyuntural, ha generado que los partidos dependan de financiamiento externo, cuando debería ser del Estado, tal y como es en la gran mayoría de países latinoamericanos. Pero en el Perú no es así. El doctor García, por simple mezquindad, incumplió la Ley de Partidos Políticos, y negó la financiación pública a las agrupaciones políticas, debilitando así aún más a nuestra endeble estructura de partidos. Los partidos sin recursos económicos son mas fáciles de caer, entre otras, en la red de financiamiento del narcotráfico. Llama en ese sentido la atención la omisión, de repente involuntaria, o el silencio respecto al incumplimiento de la Ley de Partidos Políticos por parte de este gobierno.

Este es un tema capital, que se debe debatir ampliamente. El doctor García ha impedido el cumplimiento de una Ley, la de Partidos Políticos, debilitando por extensión la democracia. No ha dicho la verdad, argumentando que no hay recursos en el gobierno, en momentos en que como nunca este gobierno ha gozado de gran cantidad de ingresos. Tiene por tanto gran responsabilidad García en el deterioro del sistema y en la probable penetración de los partidos por parte del dinero del narcotráfico.

Si Alan García hubiera cumplido con su deber constitucional, de poner en ejercicio la Ley 28094 Ley de Partidos Políticos, el financiamiento público de las agrupaciones políticas, habría fortalecido el sistema y así estaría en mejores condiciones de enfrentar a enemigos como el narcotráfico. Pero esa es una batalla que García, por su vocación inmediatista y coyuntural, no está dispuesto a dar pues es impopular.