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lunes, 29 de diciembre de 2014

Juventud activa y participativa

Con mucha razón, diversos columnistas han tratado sobre el rol que viene desempeñando la juventud en la reciente jornada de protestas contra la llamada Ley Pulpín. Si bien es cierto no hay una conducción política clara y, en cierta medida desorganización, lo más relevante es que la juventud ha despertado y está haciéndose sentir con su paso por las calles.
Un país con una juventud adormecida no tiene futuro. Una juventud que se mantiene al margen de los grandes hechos nacionales no se compromete con el destino del Perú. Era preciso que la juventud abandonara la "virtualidad" y pasara al ejercicio real de las marchas en las calles. Es eso, la presencia física en las avenidas, la que le da carácter a la indignación. Y es tal vez eso lo que no calculó el gobierno. Pensó, basado en el comportamiento juvenil a lo largo de los últimos cuatro años, que la protesta no iba a pasar de las redes. No se contaba con que la dinámica juvenil iba a encontrar un liderazgo en activistas con experiencia que motivaron a la gente a protestar, de manera cívica y sin caer en las provocaciones de los infiltrados (que siempre son sembrados) y de los extremistas (que nunca faltan). La resultante ha sido, indiscutiblemente,  positiva.
Ahora falta que los jóvenes se animen a hacer política. La protesta es importante, pero más importante es tener conciencia del poder. Los gobiernos saben que las protestas callejeras se agotan en los recursos logísticos y el cansancio físico y la disponibilidad de tiempo siempre pasan la factura. De allí la necesidad de hacer política. Los partidos no cuentan con contingentes importantes de políticos jóvenes. Muchos de los dirigentes juveniles ya no pertenecen a ese sector etáreo. La juventud puede incorporar dinamismo a partidos aletargados en la comodidad y en la inercia. Por eso es importante que los jóvenes militen, en el partido que crean conveniente, o decidan formar una agrupación si no se sienten identificados con el establecimiento.
Paola Ugaz ha recordado en las redes la importancia de la indignación juvenil ante la caída del Tribunal Constitucional en los años noventa. Carlos Meléndez señala que bien hay otros tópicos que, como seguridad,  merecen la atención juvenil.  Reclama también organización y sentido político. Ambos tienen mucha razón. El problema tal vez está en que la juventud no encuentra referentes, todavía, entre sus propios miembros y los partidos políticos son incapaces de atraerlos. En todo caso bien harían en no convertir la jornada de marchas en un evento episódico sino en el inicio de un proceso de participación más intenso que le hará mucho bien al país.
Los gobernantes, de los ámbitos nacional, regional o local, deberán tomar nota que con una juventud activa no podrán hacer lo que se les venga en gana. Ni la demagogia o el silencio, la mudez o la indiferencia, tienen cabida ante una juventud activa y participativa.  La juventud, que quiere construir un futuro, no permitirá que arrasen con las semillas de su presente.

miércoles, 24 de diciembre de 2014

De espaldas a la realidad

Demostrando gran ingenuidad y su nulo conocimiento de lo político, el ministro de Economía ha querido justificar los problemas que ha causado la ley del nuevo régimen juvenil indicando que son parte de un boicot político. No dice que este es el cuarto paquete que el Congreso le aprueba al gobierno, demostrando así su total colaboración y no dice tampoco nada de lo que señalan otros economistas: que si hay problemas es por la poca capacidad de reacción del gabinete y por dar medidas tardías.
Los ministros creen que para implementar políticas públicas basta con desayunar o almorzar con algunos líderes de opinión o con sus relacionistas públicos. Ignoran lo elemental, la importancia de dialogar con los involucrados o tender puentes a los líderes políticos. En lugar de ello se dedican a insultarlos o descalificarlos desde una torre de marfil de superioridad totalmente sobrevalorada. Como bien señala Mariella Balbi, se envía a convencer a ministros que, como Segura o Ghezzi, tienen influencia cero en la ciudadanía pero también nula capacidad política.
En su desesperación el presidente Humala pide a los jóvenes que lean la Ley. Es decir continúa subestimando a los jóvenes,  muchos de los cuáles a estas alturas harían mejor papel que algunos miembros de su gabinete. Insiste en no ver la realidad tratando de imponer una Ley que no tiene posibilidad de implementarse pues no cuenta con respaldo político y está hecha de espaldas a los involucrados.
Si los jóvenes se quedan sin trabajo es por culpa del actual gobierno por haber descuidado la economía. En promedio, cada punto de crecimiento del PBI absorbe, crea empleo, para  50.000 personas que se incorporan a la Población Económicamente Activa PEA cada año. Si anualmente esta crece en 350.000 personas se requiere que el PBI aumente a un nivel de entre 6 y 7%. El Perú este año crecerá a niveles del 2.5% con lo cual 225.000 jóvenes no serán absorbidos por el  magro crecimiento. Y esta lamentable realidad no tiene nada que ver con la informalidad sino con la incapacidad del gobierno del presidente Humala que ha decidido confrontar en lugar de consensuar.

Juan Sheput

Despidos arbitrarios en el Ministerio de Trabajo

El Ministerio de Trabajo ha reconocido que ha cursado comunicación al 10% de trabajadores (aproximadamente 200) que pertenecen al régimen CAS. En ella se les indica que no se les renovará contrato, que es la forma como el MINTRA llama al despido arbitrario. Argumenta en su comunicado que el Ministerio "ha procedido en estricto cumplimiento de la ley que le faculta a informar al trabajador sobre la no prórroga de la relación laboral  en un plazo no menor de 5 días antes del vencimiento del contrato (31 de diciembre del 2014). El Ministerio de Trabajo señala que ha cumplido con los mandatos de la ley de acuerdo al DS No.065 que les permite a las instituciones informar a los trabajadores sobre la renovación o no de sus servicios". Como ven esta es la principal demostración que se puede despedir de manera arbitraria. El MINTRA no dice que los trabajadores han incumplido las reglas de la entidad, o que han trabajado mal o que no han tenido suficiente productividad. Simplemente los despiden (no les renuevan contrato) porque este ha vencido. Serán reemplazados (es lo que supongo) no por gente calificada sino por individuos que ayudarán en la campaña del partido oficialista. Con esto el MINTRA pierde autoridad política y moral para supervisar la Ley del nuevo régimen juvenil pues justamente una de las cosas que se critica es que la ley permite que se despida de manera arbitraria sólo no renovando el contrato. En el Ministerio de Trabajo decenas de trabajadores que venían laborando por años son comunicados que no se les renovará el contrato en plena época de fiestas navideñas. De seguir adelante la llamada Ley Pulpin miles de jóvenes dejarán de laborar simplemente porque cumplieron 25 años y las ventajas de la ley ya no les alcanza a los trabajadores.
Como pueden ver el  MINTRA orienta y da el ejemplo a los empleadores sobre como pueden actuar de manera abusiva y arbitraria y "de acuerdo a la ley".

martes, 16 de diciembre de 2014

Censura y Acusación Constitucional

Es lamentable el deterioro y devaluación de la política. Cuando esta era respetable, llegar a la presidencia del Congreso o a su Mesa Directiva constituía un premio a la trayectoria del elegido y por ende un reconocimiento de sus pares. Poco a poco esta figura, importante, se fue transformando en la simple elección de un individuo manipulable, aquel que garantice los caprichos o deseos del mandatario de turno. Se fue así licuando una institución importante en la marcha de cualquier democracia que se respete: la separación de poderes.
He tenido oportunidad de ver cómo presidentes del Congreso como Carlos Ferrero, Henry Pease, Ántero Flórez-Aráoz o Mercedes Cabanillas han defendido los fueros parlamentarios, en privado y en público. Ninguno de ellos hubiera permitido que ministro o Jefe de Estado insulte al Parlamento de la forma como ahora se hace, desde el Ejecutivo,  con gran naturalidad. Es la consecuencia de tener al frente del Congreso a personas sin trayectoria ni biografía política. Su improvisación los convierte en apéndices del poder de turno.
Hace poco el presidente Humala ha llamado mamarracho al trabajo de una comisión parlamentaria y ha señalado que no está para tonterías respondiendo a una virtual invitación del Congreso. Ante ello la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, no ha dicho nada. Explicable. Si está al frente del parlamento es por amistad y no por capacidad.
Pero esto que puede ser “justificable” se agrava cuando los congresistas aceptan los agravios sin inmutarse. Aquí no es cuestión de ponerse al nivel del que insulta. Es simplemente cuestión de defender los fueros, con personalidad política y dignidad.
En ese sentido no puede ser que el oficialismo juegue con la moción de censura al ministro Figallo. Esta es válida porque ya se había presentado el 10 de diciembre ante la Comisión Ancash del Congreso. Su posterior visita al pleno, por tanto, no es el inicio del proceso sino una acción complementaria que no invalida a la moción presentada. El reglamento es claro en ese sentido al señalar que se puede presentar luego que un ministro se presente a informar. El reglamento no especifica que sea ante el Pleno, justo para evitar el infantilismo procedimental que quiere imponer el oficialismo. La moción de censura se tiene que votar y el Perú tiene que saber quiénes son los políticos y partidos que se ponen del lado de la corrupción.
Y si esto no se da, la acusación constitucional contra la presidenta del Congreso y su mesa directiva será válida. No puede ser que por temor a una investigación, los gobernantes de turno se burlen del país y de la Constitución Política del Perú.

Juan Sheput

lunes, 8 de diciembre de 2014

El Perú y el drama de la corrupción

Graves escándalos sacuden a Argentina y Brasil. En ambos casos contratos de obras públicas habrían dado origen a sobornos y coimas que llegarían a los más altos niveles de gobierno, léase las presidentas Cristina Kirchner y Dilma Rousseff . Si bien es cierto la presidenta de Brasil ha señalado que, respecto a los casos de corrupción que trascienden a Petrobras, caerá quien lo merezca, en el caso de Argentina, la presidenta Kirchner ha insultado a los jueces, ha descalificado a la oposición y pretende victimizarse a pesar de las graves acusaciones. 
Salvando las distancias en términos monetarios pero no en términos éticos, lo mismo estaría sucediendo en Perú, en donde es evidente que los indicios sobre una red de negocios que involucra a un gran amigo del presidente Ollanta Humala, Martín Belaúnde Lossio, que habría hecho negocios por más de 2000 millones de soles, podría llegar a salpicar al mismo jefe del Estado y su esposa Nadine Heredia. Esta última ha pretendido desligarse del tema descalificando a una funcionaria proba y decente como Yeni Vilcatoma, quien ha sido despedida del gobierno por denunciar la corrupción, y pretende ahora, al igual que la presidenta argentina, colocarse en el papel de víctima cuando tiene mucho que aclarar.
El siguiente artículo de El País de España es muy aleccionador al respecto. Trata de la corrupción en América Latina que, cómo no, alcanza también al gobierno de la llamada gran transformación. Qué cómico suena ahora todo ello:

En El enigma de Belgrano, el libro que publicó poco antes de morir, el historiador Tulio Halperin Donghi transcribió una carta de Manuel Belgrano fechada en Madrid el 10 de febrero de 1790. Quien veinte años después sería uno de los líderes de la independencia argentina, informaba a su padre que en esa capital “la plata puede mucho bien dirigida, teniendo algún conocimiento en cosas de la Corte”. La observación de Belgrano tenía lugar bajo el reinado de Carlos IV. En América Latina la corrupción parece crónica.
Envuelto en la tragedia de Iguala, Peña Nieto debió hacerse tiempo para explicar una mansión adquirida por su esposa a un contratista del Estado. El juez de la Corte Suprema paraguaya, Víctor Núñez, renunció, acusado de amparar al narcotráfico. Sin embargo, los Gobiernos más castigados por la contaminación entre política y negocios son los de Brasil y Argentina.Los sobornos que, por miles de millones de dólares, se pagaron en Petrobras, envuelven a Dilma Rousseff en una pesadilla. Cristina Kirchner tampoco duerme bien. El año pasado, dos financistas detallaron cómo traficaban con bolsos repletos de dólares que salían de Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, un contratista de obra pública. Llamaron a su financiera La Rosadita, un sarcástico homenaje a la Casa Rosada, el palacio de gobierno.
Báez alquiló durante años las 935 habitaciones del hotel Alto Calafate, que pertenece a los Kirchner. También la estatal Aerolíneas Argentinas renta los hoteles de la jefa del Estado. La crisis se agravó hace dos semanas cuando el juez Claudio Bonadio allanó la empresa de la presidenta.
Los corruptos brasileños y argentinos fueron clásicos en el modo de apropiarse del presupuesto nacional: contratos de obra pública. En Petrobras, un club de constructores acordaba los concursos. Hasta escribieron un manual de estilo. En Argentina el reparto fue menos sofisticado. Báez concentró el 90% de la obra pública de Santa Cruz, la provincia de los Kirchner. Y sólo alquilaba hoteles de los Kirchner. Los estereotipos nacionales se refuerzan: el espíritu de equipo brasileño contra el pobre individualismo argentino.
Hay otra diferencia relevante. Los fondos de Petrobras se distribuían entre el PT, el PMDB y el PP, las fuerzas que sostienen a Rousseff en el poder. Un financiamiento multipartidario que repite el mensalão y recuerda la tangentopoli italiana. Según el arrepentido Paulo Costa, el método se extiende a ferrocarriles, puertos y aeropuertos. Es el lado B del presidencialismo de coalición del que habla la ciencia política.
El escándalo kirchnerista beneficia a una familia. Entre los argentinos hasta la corrupción es caudillesca. Báez tampoco es un empresario del establishment, como sus colegas de Petrobras: era un empleado de banco a quien los Kirchner tocaron con su varita mágica. ¿Cómo no sospechar que es un testaferro? En la Argentina la presidenta está sentada en el banquillo.
Rousseff está a salvo. Por ahora. Le podría salpicar el sobreprecio pagado por una refinería de Pasadena, en 2006, cuando encabezaba el Consejo de Administración de Petrobras. O que, como confesó un empresario, su última campaña haya sido financiada con fondos negros de la petrolera. Aécio Neves lo sugirió: “No me ganó un partido sino una organización criminal”.
Rousseff prometió castigo a los culpables. En cambio Cristina Kirchner trató al juez de “carancho”; su jefe de Gabinete denunció un golpe de Estado; y un dirigente de su entorno pidió el empalamiento simbólico del magistrado. El kirchnerismo redujo en el Consejo de la Magistratura el salario de Bonadio en un 30%. Además del patrimonio, los Kirchner alimentan la impunidad.
Los jueces juegan papeles muy diversos. En Brasil son independientes. Sergio Moro, que investiga Petrobras, es visto como un héroe. En la Argentina, en cambio, se ha roto un compromiso. La justicia se sublevó frente a un Gobierno que, desde el año pasado, pretende avasallarla. Pero antes fue complaciente con los Kirchner. El mismo Bonadio absolvió a los secretarios privados de la presidenta, que en tres años multiplicaron sus bienes más de 70 veces.
Los Kirchner y la dirigencia del PT coinciden en no haber advertido que, después del ataque a las Torres Gemelas, y gracias al progreso de la informática, el lavado de activos está cada día más vigilado.
Además, en los dos países la recesión exacerba la sensibilidad moral. Privados de su fiesta de consumo, brasileños y argentinos se envuelven en la bandera de la ética para fundar repúblicas de la denuncia. ¿Indagarán las causas más profundas de sus males, como la falta de alternancia en el poder o el estatismo?
La saga populista deviene crónica policial. La regeneración política que habían prometido Lula da Silva, Rousseff y los Kirchner ha sido traicionada. Muchos argentinos escriben korrupción. Y en los diarios brasileños se habla de corruPTos. Como si el kirchnerismo y el Partido de los Trabajadores no fueran ya organizaciones partidarias, sino un modus operandi.


Internet el gran altavoz de la sociedad

Los tiempos han cambiado. Nunca antes los ciudadanos han tenido tantas facilidades para expresar lo que sienten respecto a un producto, un servicio, una marca. Hoy los ciudadanos buscan información antes de tomar un servicio o comprar un producto. Quieren y buscan estar informados. Y es eso los que le brinda Internet, información permanente, en línea y a costo cero. Para los ciudadanos es muy fácil alabar, recomendar, criticar, ensalzar a una empresa o a una marca determinada. Las redes sociales se lo permiten. Y si bien es cierto según las estadísticas más son las críticas, lo importante es que se puede establecer un diálogo abierto y constructivo con los clientes. La mayoría de ellos está dispuesto a conversar y las empresas deben estar abiertas a ello.

El problema no son las críticas. Siempre serán mayoría. El problema es ignorar lo que se escribe de nosotros y no tener vocación genuina de cambio o enmienda. No se debe olvidar que según los cálculos un usuario que tenga 150 seguidores en Facebook puede alcanzar la friolera de 3 millones de receptores de su mensaje con el tremendo daño o beneficio que ello causaría. Las redes son importantes, más de lo que imaginamos. Y los usuarios quieren expresarse de allí que startups como Critizen se conviertan en alternativas muy buscadas a partir del hecho que permiten la crítica o sugerencia permanente en Internet.
Un buen artículo sobre el particular lo puede leer aquí (tomado de Expansión,com)

Enredados en su laberinto

Enredados en su laberinto
Si alguien dudaba respecto de la capacidad política del gobierno para enfrentar situaciones difíciles, luego de la presencia en medios del ministro de Justicia y el consejero presidencial Eduardo Roy Gates, les debe quedar muy claro que la pericia política no es precisamente una de las fortalezas de la actual administración. La pérdida de compostura del ministro de Justicia, lanzando frases agresivas y despidiendo a la procuradora Yeni Vilcatoma por televisión demuestra, por decir lo menos que el gobierno está muy nervioso por los casos que involucran a Martín Belaúnde Lossio y a Carlos Álvarez en la “Centralita”.
A ello se debe agregar que no hay una coordinación mínima y mucho menos liderazgo en el gabinete. Si la pareja presidencial pierde la calma y envía allegados a averiguar respecto a su situación, quien debería actuar con la frialdad del caso es la premier Ana Jara. Es cierto que a estas alturas siendo varios los indicios, no hay señales concretas que apunten a los niveles más altos del gobierno. Pero es casualmente por esta situación que se debe actuar con respeto a las normas y con la frialdad que debe ser atributo de quiénes gobiernan y dicen tener la razón. Sin embargo, como consecuencia de la pésima performance mediática de ministros, consejeros y parlamentarios, hoy tenemos como consecuencia a un gobierno acorralado por acusaciones y desmentidos y a una opinión pública que percibe que la lucha contra la corrupción ha quedado de lado y que quien la representaba, la procuradora Yeni Vilcatoma, es defenestrada.
El gobierno y los congresistas oficialistas locuaces parecen no entender lo que está pasando. Durante meses hemos sido testigos de las redes de corrupción que han envenenado el clima político en el país. En lugar de hacer un claro deslinde e impulsar claras acciones en contra de los involucrados, el gobierno ha optado por ingresar en un proceso de contradicciones y acciones que denotan no sólo un alto grado de preocupación sino hasta una doble medida en lo que a la lucha contra la corrupción se refiere.
Se equivocan quienes piensan que las fiestas de fin de año desviarán la atención de este escándalo de gravedad. Si algo se ha demostrado en los últimos tiempos es que las fiestas navideñas o de nuevo año no constituyen una tregua política. Y si a ello le agregamos el inicio de un año electoral, pues no esperemos tiempos de calma sino todo lo contrario.
Juan Sheput

Artículo publicado en Diario Uno el 9 de octubre del 2014


Ambiente de cloaca


Ambiente de cloaca
Desde que se retornó a la democracia, en noviembre del 2001, la Procuraduría del Estado, con algunas excepciones, ha mostrado un manejo profesional y distante de las presiones del gobierno de turno. Se podría asegurar que era una de las instituciones que mejor funcionaban en el Estado. Ronald Gamarra, Omar Chehade, Christian Salas, fueron todos personajes incómodos para las administraciones de los presidentes  Toledo, García y Humala, respectivamente pero, a diferencia de este último, ni Toledo ni García se atrevieron a expectorar a un procurador, Ollanta Humala sí, a través de las supuestas presiones de su ministro de Justicia, Daniel Figallo, lo que no hace sino alimentar  las sospechas que el tema de Martín Belaúnde Lossio no sólo preocupa en demasía al presidente y  a su esposa Nadine Heredia, sino que puede generar una crisis terminal de gobernabilidad.
Carlos Tapia ha señalado, palabras más, palabras menos, que el ambiente de corrupción que embarra  a las más emblemáticas de las  organizaciones públicas de nuestro país asemeja al ambiente de cloaca que el presidente Humala indicaba como origen del gobierno de Fujimori. Duro señalamiento el de Carlos pero certero. Muy pocas veces hemos visto que tengan cuestionamientos todos los presidentes de poderes del Estado, es decir la contaminación alcanza al Poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo y al Ministerio Público. De allí que la pérdida de autoridad moral por parte del presidente Humala y su esposa sea una consecuencia de lo que estamos viviendo,  a tal punto  que promesas recientes del presidente Humala, en Ancash, de luchar contra la corrupción, o reclamos de Nadine Heredia, en torno a los petroaudios, sean vistas por la población como simple retórica o sean tomadas hasta en tono de broma. 
En ese sentido la crisis desatada en la Procuraduría no hace sino recordarnos eventos de la década de los noventa, en que los ministros de Justicia, en un pésimo concepto de lo que es la lealtad, se pusieron del lado de lo ilícito, para que de esa manera se pudiera librar de investigaciones a Vladimiro Montesinos. Como es obvio, llegada la democracia, llegó también la hora de rendir cuentas, pasando los funcionarios de entonces por malos momentos.
En ese espejo deberían mirarse los que ahora por aferrarse al fajín están obstruyendo a la justicia. El señor Martín Belaúnde Lossio no puede ni debe ser tratado como colaborador eficaz pues, como ha señalado el Dr. Avelino Guillén, es el cabecilla de una red que coordinaba con la red de Orellana y de los gobiernos regionales. Es por ello que las reuniones habidas entre el Ministro Figallo, el abogado del presidente Roy Gates, y miembros de la procuraduría debe ser investigada a fondo, pues se estaría usando el sistema anticorrupción para favorecer la corrupción, y eso es inadmisible. No debemos olvidar, por otra parte, que Martín Belaúnde no habría tenido éxito si no hubiera contado con el apoyo entusiasta de algunos parlamentarios nacionalistas, y sobre ellos tendrá que hacer señalamientos la comisión que ojalá presida la parlamentaria Marisol Pérez Tello.
Tiempos complicados se le vienen al presidente Humala y esposa. El entorno amical de esta pareja está muy vinculado a la red que viene siendo investigada por grandes negociados con los gobiernos regionales. Habrá investigación, está claro, pero habría que recordarle a los implicados que esta no se agotará en el presente periodo. Hay aún mucho pan por rebanar.


Juan Sheput
Artículo de Juan Sheput publicado en revista Velaverde el 8 de diciembre del 2014